L D (Agencias) El informe de los servicios del Gabinete Jurídico de la Generalidad se suma a las diligencias abiertas por la Fiscalía para intentar averiguar si se vulneró el artículo 433 del Código Penal, que castiga el destino de fondos públicos para usos ajenos a la función pública. Esto podría ocurrir si se demuestra que se realizaron sondeos partidistas con cargo a fondos públicos. La investigación de la Fiscalía se abrió el pasado marzo después de que ICV les remitiera una primera tanda de informes descubiertos.
Las encuestas halladas en la Consejería de Presidencia son del periodo comprendido entre 1998 y 2003 y en ellas se intenta averiguar la opinión de los ciudadanos sobre aspectos como el pacto CiU-PP, la imagen de la familia Pujol en los medios de comunicación o la intención de voto, incluso sobre los apoyos que obtendrían Convergència Democràtica y Unió Democràtica si acudieran a las urnas por separado. Otro informe, que ha generado una importante polémica política, hacía referencia a la tendencia política de destacados presentadores y periodistas de la radio y televisión públicas catalanas.
Según la información de la Generalidad, se pudo incurrir en un delito de infidelidad en custodia de documentos públicos tipificado en el artículo 413 del Código Penal, ya que se habría vulnerado el decreto del año 1998 por el que se estableció la obligación del Gobierno de la Generalitat de presentar al Parlamento todos los sondeos de opinión que realizara o encargara, previa inscripción en el correspondiente registro. Pese a las diligencias abiertas por la Fiscalía, el delito podría haber prescrito, aunque para ello las personas implicadas deberían ingresar en las arcas públicas el dinero presuntamente malversado.
Lo curioso del caso reside en que el Gobierno tripartito ha continuado con esta práctica y se ha gastado más de 80 millones en este tipo de estudios. Recientemente el PPC denunció que el primer consejero, Josep Bargalló, encargó tres informes a una empresa de su esposa. Además, el presidente del Consejo Consultivo, Joaquin Tornos, tuvo que presentar su dismisión al verse implicado en el escándalo.
Entre los informes realizados por el tripartito figuran algunos como estos: "Análisis del grado de hibridación entre la codorniz común y la codorniz japonesa", 11.872 euros; "Valoración de las necesidades formativas de las Fuerzas Armadas españolas", 11.950 euros; "Estudio de la organización interna del gabinete del consejero Salvador Milà", 10.000 euros; "Análisis de las relaciones entre Cataluña, España y Europa", 12.000 euros; "Estudio para explorar un nuevo logotipo de la Generalitat" 26.100 euros; "Puesta en escena de un acto del Estatut en el castillo de Miravet", 11.948 euros; "Informes sobre la concha brillante en Cataluña", 21.870 euros; "Estudio sobre el estado actual de la gaviota corsa en la costa mediterránea", 22.000 euros; "Evaluación del uso del idioma catalán en los restaurantes", 58.900 euros.
