L D (Europa Press) Bajo el lema "La solución para Marbella", las misivas, a las que ha tenido acceso Europa Press, censuran con dureza la actitud del PP, al que reprochan que "pida ahora adelantar las elecciones cuando sabe que legalmente es imposible, abusando de forma torticera de vuestros sentimientos con un discurso demagógico y falso" y le emplazan a "hacer un ejercicio de responsabilidad y sumar sus esfuerzos al del conjunto de partidos, agentes sociales y sociedad de Marbella por un futuro mejor para este escaparate internacional de Andalucía". En primer lugar, el PSOE explica en las cartas que la iniciativa "inédita en la historia de la democracia española" de disolver el Ayuntamiento de Marbella impulsada por Gobierno de la Nación y Junta de Andalucía obedece a que "se han dado unas circunstancias nuevas, con acontecimientos de extraordinaria gravedad, que exigían una respuesta oportuna y contundente contra la corrupción".
En este sentido, las misivas recuerdan que "los socialistas ya pedimos la disolución del Ayuntamiento en 2003 al calor de la moción de censura y el PP, entonces en el Gobierno central, se negó en tres ocasiones porque entendía que no se daban los supuestos legales para ello", por lo que critican que los populares pidan "ahora adelantar las elecciones cuando sabe que legalmente es imposible, abusando de manera torticera de vuestros sentimientos con un discurso demagógico y falso". "En lugar de trabajar para su propio beneficio, el PP debería hacer un ejercicio de responsabilidad y sumar sus esfuerzos al conjunto de partidos, agentes sociales y sociedad de Marbella por un futuro mejor para este escaparate internacional de Andalucía", agrega el PSOE, que asegura que el objetivo de la disolución es "la normalización de Marbella y construir un futuro de seguridad, confianza y expectativas para la ciudadanía".
Como prueba de que la Junta "siempre ha actuado en esta línea" en Marbella, los socialistas recuerdan que la administración autonómica "ha presentado desde 1995 ante los tribunales 389 impugnaciones de licencias urbanísticas", así como que "en los últimos meses se ha puesto en marcha la retirada de las competencias urbanísticas para poner coto a los escándalos", lo que aprovechan para denunciar que "el PP no sólo se opone a esta Ley, sino que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para evitar que la Junta pueda proceder contra aquellos ayuntamientos que vulneran sistemáticamente la legalidad".