El Ejecutivo europeo quiere saber por qué no se realizó el estudio de impacto ambiental en las obras de esta vía de alta capacidad, uno de los compromisos adquiridos en la campaña electoral y que llevó al Ayuntamiendo a Ruiz Gallardón. La portavoz comunitaria de Medio Ambiente, Barbara Helfferich, dijo que se había abierto expediente porque el consistorio fraccionó las obras en 19 proyectos, para evitar hacer el preceptivo estudio, lo que contraviene la legislación comunitaria.
España tiene dos meses a partir del momento de recepción de la carta de la Comisión Europea para dar explicaciones, o de lo contrario, la CE enviará una segunda carta o "dictamen motivado", que sería el paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El Ayuntamiento de la capital hizo público un comunicado en el que expresa su "voluntad de cooperar" con los órganos comunitarios y señala que el proyecto de la M-30 ha estado sometido desde su inicio al control de instituciones independientes. Sostiene que la Carta de Emplazamiento "se limita a iniciar un procedimiento administrativo para analizar la adecuación de las actuaciones de remodelación" de este vial al Derecho Comunitario y que, por tanto, "no presupone ningún pronunciamiento por parte de la CE sobre la legalidad o ilegalidad de dicha actuación".
La nota de prensa dice que "el Ayuntamiento de Madrid ha cumplido de forma escrupulosa la legislación vigente", como así lo constatan los pronunciamientos favorables que se realizaron tras someterse al control del Consejo de Estado, de la autoridad ambiental de la Comunidad de Madrid o del propio Defensor del Pueblo, entre otros.
Trinidad Jiménez pide que se paralicen las obras
La portavoz socialista en el consistorio, Trinidad Jiménez ha exigido la "paralización inmediata" de las obras y la realización de la Declaración de Impacto Ambiental, DIA, de los proyectos en ejecución y de los que se van a iniciar en los próximos meses.
Ecologistas en Acción hizo público un comunicado en el que exige la paralización inmediata de las obras de reforma de la M-30 y advierte de que el expediente de la Comisión Europea "es sólo el primero de una larga serie de varapalos políticos y jurídicos que va a sufrir esta obra, realizada de forma ilegal".