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El Consejo Económico y Social se opone a la paridad en los consejos de administración de las empresas

El Consejo Económico y Social ha rechazado la obligación de alcanzar una composición paritaria en los consejos de administración de las empresas que establece el anteproyecto de Ley de Igualdad, tras prosperar una enmienda presentada por la CEOE. La patronal ha anunciado un voto particular al dictamen del anteproyecto del CES porque a su juicio no puede prevalecer la consideración del sexo por encima de criterios como la capacidad o los méritos.

El Consejo Económico y Social ha rechazado la obligación de alcanzar una composición paritaria en los consejos de administración de las empresas que establece el anteproyecto de Ley de Igualdad, tras prosperar una enmienda presentada por la CEOE. La patronal ha anunciado un voto particular al dictamen del anteproyecto del CES porque a su juicio no puede prevalecer la consideración del sexo por encima de criterios como la capacidad o los méritos.
LD (EFE) El Pleno de este órgano consultivo (CES) acordó por 24 votos a favor y 23 en contra la inclusión de esta propuesta de la patronal al dictamen del proyecto legislativo hoy aprobado.

Al término del Pleno, la CEOE también anunció un voto particular al dictamen del anteproyecto del CES, fundamentalmente porque se opone a la imposición de negociar dentro de la negociación colectiva las medidas y planes en favor de la igualdad entre hombres y mujeres.

Según explicó José Luis Lacave, de la CEOE, el anteproyecto salva o modula su aplicación en las administraciones públicas y en las fuerzas y cuerpos de seguridad, por tanto también "debe considerar que las empresas tienen regulado su funcionamiento por una normativa mercantil específica". A su juicio, no puede prevalecer la consideración del sexo por encima de criterios como el de capacidad o méritos.

En el anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, el Gobierno quiere que se logre la paridad en cuatro años en los consejos de administración de las empresas y, para lograrlo, favorece en los contratos con la administración pública a las compañías que, con igualdad de ofertas, presenten mejores indicadores de igualdad.

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