(Libertad Digital) La doctrina del Gobierno, tras una sentencia por violación de derechos fundamentales a manos de funcionarios del Gobierno, es que no hubo instrucciones políticas para las detenciones; que la sentencia así lo indica de manera concluyente; que la responsabilidad se circunscribe a la actuación de los policías condenados; y que, a pesar de todo, el Gobierno va a recurrir la sentencia.
Ni una disculpa, ni una palabra de aliento y compañía para Isidoro Barrios, jubilado, y María Antonia de La Cruz, ama de casa, víctimas de la primera detención ilegal a dos afiliados de un partido político, en los treinta años del sistema constitucional español.
El Gobierno se ha olvidado de ellos y ha concentrado toda su energía en desmarcarse de unas prácticas que Amnistía Internacional y Human Rigths Watch sólo documentan, actualmente, en países como Bielorrusia, Uzbekistán, Chechenia o Turquía, si se atiende a los informes de los últimos cinco años de estas oenegés especializadas en derechos humanos.
La respuesta del Gobierno a la sentencia más grave sobre violación de derechos humanos en España, desde las condenas por el GAL, presenta una línea oficial, salir del atolladero y ceñir la responsabilidad a la actuación de tres policías, y otra oficiosa, poner todo el acento en la difusión de la actuación fiscal y policial contra la supuesta estafa perpetrada por las empresas de inversión en bienes intangibles, Afinsa y Forum Filatélico.
A la primera línea estratégica pertenecen las respuestas coordinadas de José Antonio Alonso, ministro del Interior cuando se produjeron las detenciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, su sucesor, y Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia que se significó durante la instrucción del caso por defender la profesionalidad de los acusados y por sus declaraciones de condena al PP por una agresión al ex ministro José Bono que ninguno de los testigos que declararon ante la policía vio.
Alonso ha subrayado que el límite de la responsabilidad empieza y acaba en los tres acusados. La sentencia que condena a Rodolfo Ruiz, jefe de la Brigada de Información de Madrid y ex comisario de Vallecas cuando, en sus dependencias, apareció la mochila del 11-M, a Javier Fernández y José Luis González, a penas que suman trece años de prisión por detención ilegal, falsificación de documentos y coacciones, "es por una actuación puramente profesional", señaló quien era ministro del Interior cuando se practicaron las detenciones de los dos afiliados del PP.
Alfredo Pérez Rubalcaba ha insistido en la doctrina de una responsabilidad exclusivamente "profesional" al comentar la dimisión de Constantino Méndez. "Es un acto de dignidad política que le honra, puesto que hasta la propia sentencia reconoce que no tiene ningún tipo de responsabilidad personal" en los hechos. El delegado del Gobierno, dijo el actual ministro del Interior, ha asumido una responsabilidad política tras una sentencia que "lo que dice es que ni él, ni nadie, ordenó la detención" de los militantes del PP en una manifestación de la AVT en la que el entonces ministro José Bono fue increpado.
El ministro de Justicia se ha sumado a este esfuerzo por desvincular al Gobierno de las detenciones ilegales y circunscribir la responsabilidad a la esfera de la actuación profesional de los tres condenados. Con tal de que la condena por vulneración de derechos fundamentales no salpique a al Gobierno, López Aguilar no ha dudado en atribuir a la sentencia algo que ésta no dice. "Ha quedado acreditado en la sentencia", sostiene el ministro de Justicia, "que no había instrucciones políticas para la actuación de los tres policías" que detuvieron a los militantes del PP.
Lo que dice, textualmente, la sentencia, en su página 39 es que "este Tribunal no tiene elementos para entender que la conducta de los acusados en orden a las detenciones analizadas fuesen sugeridas por instancias superiores a ellos, pero si tiene la leve sospecha que las previsiones o vaticinios de que pronto habría identificaciones y detenciones, que hizo el excelentísimos señor Delegado del Gobierno en Madrid, tan solo horas antes de aquellas, si bien del día anterior, pudieron haber influido en el proceder de ambos acusados (...)"
El Gobierno se desmarca en público de los acusados, pero también parece asumir que abandonarlos a su suerte no es una opción, según se deduce del anuncio de recurrir la sentencia, hecho por Rubalcaba. El Ejecutivo se convierte así en promotor de la defensa de tres funcionarios a los que un tribunal ha condenado por vulnerar un derecho fundamental.
Esta agilidad del aparato del Estado para procurar una defensa digna a tres policías condenados por violar un derecho civil contrasta con la indiferencia hacia las víctimas. Ninguno de los ministros y portavoces del PSOE que han comentado la sentencia ha tenido palabras de afecto con María Antonia de La Cruz e Isidoro Barrios. "Yo creo a Bono" cuando reitera que fue agredido durante la manifestación, ha insistido Diego López Garrido, diecisiete meses y una sentencia después.
De Galindo a Bono, según Barrionuevo