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Moraleda convoca a la prensa y a dos expertos por el caso de los sellos para admitir que no es competencia estatal

El mismo día en que el caso Bono captaba la atención de la opinión pública, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba presentó una operación contra dos sociedades de inversión (Afinsa y Fórum Filatélico) que podrían haber estafado a 350.000 personas. El ministro hacía su anuncio a la misma hora a la que se practicaban los registros. Horas después, el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, explicó que la inspección de este caso corresponde a las CCAA, no al Estado y que ninguno de los afectados tendrá cobertura estatal. Eso sí, dijo que "el Gobierno no va a tolerar ni un atisbo de corrupción".

El mismo día en que el caso Bono captaba la atención de la opinión pública, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba presentó una operación contra dos sociedades de inversión (Afinsa y Fórum Filatélico) que podrían haber estafado a 350.000 personas. El ministro hacía su anuncio a la misma hora a la que se practicaban los registros. Horas después, el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, explicó que la inspección de este caso corresponde a las CCAA, no al Estado y que ninguno de los afectados tendrá cobertura estatal. Eso sí, dijo que "el Gobierno no va a tolerar ni un atisbo de corrupción".
(Libertad Digital) Moraleda ha comparecido en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa y ha insistido en que los hechos sucedieron entre 1998 y 2001, fueron investigados por la Agencia Tributaria en el otoño de 2003, hasta concluir sus investigaciones y elevar a la Fiscalía el resultado de las mismas. Este hecho concluyó con la presentación de una querella de la Fiscalía Anticorrupción el 24 de abril y esta querella es la que ha motivado la actuación judicial que ha tenido lugar este martes y que se ha saldado con 9 detenciones (5 del Fórum y 4 de Afinsa) y 21 registros. (Ampliación)
 
Según ha dicho el secretario de Estado, la prioridad del Gobierno son ahora los ciudadanos afectados, a pesar de que estos inversores presuntamente estafados no cuentan con el seguro del Estado puesto que el Fondo de Garantía de Inversiones y el Fondo de Garantía de Depósitos no cubren la inversión en este tipo de bienes tangibles, de acuerdo con lo marcado por la ley.

Moraleda con Ángeles Heras (Directora General de Consumo) y Juan Antonio Esteban (Inspector General de Economía)

Además, la directora general de Consumo, Ángeles Heras Caballero, ha dejado claro que no es competencia del Estado inspeccionar la inversión en este tipo de bienes tangibles, sino de las autoridades de consumo, que son las CCAA. Aún así, ha dicho que el Ministerio de Sanidad y Consumo ha convocado una Comisión de Cooperación de Consumo para el próximo jueves a primera hora de la mañana para intentar ofrecer a los posibles afectados una información homogénea. También se ha convocado para ese mismo día un Consejo de Consumidores y Usuarios, en el que estarán representadas las principales asociaciones de consumidores españolas.
 
Durante su comparecencia, Moraleda ha hecho hincapié en que los españoles pueden tener por seguro que "el Gobierno no va a tolerar ni un atisbo de corrupción, se produzca donde se produzca". Por eso, ha insistido en que el Estado está a disposición de los ciudadanos "para perseguir a los estafadores, con todos sus recursos y para ayudar a los ciudadanos a defenderse de estos presuntos estafadores".
 
Rubalcaba dice que el día y la hora la ha fijado la Audiencia Nacional
 
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que la operación policial "no está cerrada" y afecta a varias ciudades españolas. En una conferencia de prensa, tras reunirse en Sevilla con el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, el titular del Interior ha explicado que se trata de una "importante" operación dirigida por la Audiencia Nacional, que había fijado el día y la hora de esta acción, que se realiza a instancias de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio de Economía y Hacienda, que han estado investigando este asunto.

El portavoz adjunto de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, ha calificado de "sospechoso y extremadamente grave" que al día siguiente de la condena de policías por la detención de militantes del PP en una manifestación de víctimas del terrorismo, "exploten un tema que puede llevar al traste al ahorro de miles y miles de familias españolas". Por ello, el PP ha solicitado de forma urgente la comparecencia de la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, para que explique "qué hizo para supervisar a las empresas y cómo protegerá a los clientes".
 
Por último, Pujalte se ha preguntado con ironía "si no había ninguna manera de llevar a cabo esta operación de manera más prudente y menos escandalosa" y si el Gobierno no "ha podido hacer nada –a lo largo de los dos últimos años– que impidiera legar a la situación de entrar como elefante en cacharrería, poniendo en peligro el ahorro de miles de familias".

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