(Libertad Digital) ETA confirma que sigue extorsionando, apadrina el terrorismo callejero y exige la autodeterminación del País Vasco y la anexión de Navarra para negociar con el Gobierno. La vicepresidenta ha rescatado el socorrido silencio oficial ante los comunicados terroristas. "El Gobierno no comenta las opiniones de ETA", ha señalado María Teresa Fernández de La Vega.
Sin embargo, el Gobierno no ha dejado de interpretar, saludar y aplaudir declaraciones de ETA y de su apéndice político Batasuna, desde la declaración de la tregua, siempre para subrayar el buen camino emprendido por la banda.
Desde el PSOE, han sido varios los portavoces que han quitado importancia a la entrevista de ETA en Gara. Las amenazas de ETA han forzado a los socialistas a abandonar la ambigüedad con la que estaban preparando la negociación con los terroristas. José Blanco ha advertido de que "no se va a pagar precio político alguno por la paz en España", toda una novedad en la doctrina del PSOE, si se compara con las declaraciones confusas de Zapatero en las que no ha descartado la negociación política con ETA. "Primero la paz, luego la política", concedió en una reciente entrevista en El País.
El secretario de Organización del PSOE, por el contrario, ha remarcado tras la aparición de ETA en Gara que "no se va a pagar precio político alguno por la paz en España" y en que de ETA "sólo nos interesa lo que no hace".
Hasta el PSE-EE, de suyo comprensivo con la agenda política de ETA, se ha visto obligado a cambiar el paso y rescatar una apariencia de firmeza contra las viejas exigencias de la banda. El chantaje de ETA para incluir la autodeterminación, la situación de los presos y la anexión de Navarra en la negociación con el Gobierno no es nuevo. Lo que es nuevo es que lo exprese con el descaro de siempre, después de que el Gobierno y el PSOE se hayan pasado casi dos meses interpretando cada gesto de los terroristas como señales de apaciguamiento.
Rodolfo Ares dice ahora que ETA "no va a conseguir condicionar" el debate político de los representantes democráticamente elegidos por la sociedad vasca. El secretario de Organización del PSE ha advertido a los terroristas de que "el Estado de Derecho seguirá combatiendo las actividades ilegales". Ares destaca que "a los socialistas vascos lo que nos importa de ETA son las decisiones que vaya a adoptar en el futuro para dejar definitivamente la actividad terrorista, y no lo que dice".
Acto de fe en Zapatero
También el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha acudido en auxilio del Gobierno, tras quedar en evidencia que los célebres informes de verificación han transmitido una intención pacífica de ETA que no se corresponde con la realidad. Los terroristas siguen extorsionando, amparan el terrorismo callejero y no muestran el más mínimo signo de arrepentimiento o de renunciar a la violencia. Es la "gran mentira" de la tregua, como la califica ya Jaime Mayor Oreja, sin necesidad de sofisticados protocolos de verificación.
Ibarra ha invocado su fe en Zapatero para garantizar que no habrá pago político a ETA.
Claro que su confianza en Zapatero, tal y como la expone, también es una forma de advertencia al presidente: "Ninguno de nosotros permitiría que alguien, aunque fuera el presidente del Gobierno, hiciera la más mínima concesión política al País Vasco como consecuencia de que han tenido a dos canallas matando durante cuarenta años", asegura el presidente de la Junta. Sin necesidad de votos de fe o de forzar declaraciones de firmeza después de meses de apaciguamiento, hay otras lecturas de las exigencias de ETA más ceñidas a la literalidad de las opiniones de sus dos encapuchados.
La tregua, una "campaña teatral" para la AVT
El presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, afirma que hablar de proceso de paz es una "campaña teatral" por parte del Gobierno, y agregó que la justificación de la extorsión que ETA hace en Gara "deja en evidencia" a un Gobierno que "ha querido ocultar esta actividad terrorista".
Según Alcaraz, lo que se está produciendo es un "chantaje" de la banda terrorista al Estado de Derecho, al tiempo que indicó que en lugar de hablar de paz, el Gobierno "debería hablar de libertad". "Hablar de paz es menospreciar la falta de libertad que están viviendo muchas personas, especialmente en el País Vasco", añade.
El secretario general de UPN, Alberto Catalán, afirma que el planteamiento de ETA, en torno a la necesidad de un consenso sobre territorialidad y autodeterminación, "no es asumible" y refleja que "el alto el fuego no es sincero".
Catalán asegura que la postura de ETA es "más de lo mismo, lo mismo de siempre", y por eso apela "a la unidad de los partidos democráticos, especialmente de los que firmaron el pacto por las libertades y contra el terrorismo, que dio unos frutos extraordinarios y permitió que ETA y su entorno estén en la actual situación".
Por otra parte, el portavoz del PP en el Parlamento vasco, Leopoldo Barreda, afirma que el Gobierno "debe responder a ETA desarticulando la banda desde el Estado de Derecho", ya que "no tiene intención de disolverse", sino que busca "imponerse a la sociedad democrática".
Tras conocer el contenido de la entrevista a ETA, Barreda opina que "estamos ante la ETA de siempre, con las pretensiones de siempre: un grupo terrorista tratando de imponerse a la fuerza a la sociedad democrática".