L D (Agencias) El Tribunal Constitucional ha admitido este jueves a trámite el recurso de inconstitucionalidad, promovido por más de cincuenta diputados del PP en el Congreso, y en su providencia pide que se dé traslado de la demanda presentada al Congreso, al Senado, al Gobierno, al Ejecutivo catalán y al Parlamento autonómico para que, en un plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular alegaciones.
En su recurso, el PP argumenta que, "con la excusa de crear un pretendido espacio de comunicación audiovisual, propio de la Generalitat de Cataluña, ésta invade espacios de libertad garantizados por la Constitución a la sociedad civil catalana y española", informa Efe .
Según el PP, con la ley audiovisual, que entró en vigor en enero, se otorgó poderes "desproporcionados" al Gobierno autonómico y al Consejo Audiovisual catalán (CAC), "ocupando competencias reservadas al Estado y arrogándose la capacidad de definición de conceptos, como veracidad, pluralismo, normalidad lingüística y desarrollo de derechos fundamentales, de un modo exclusivo y excluyente".
El recurso consta de tres bloques: el primero dedicado a la vulneración de derechos fundamentales; el segundo relativo a la infracción del régimen lingüístico establecido por la Constitución; y el tercero referente a la invasión de competencias estatales.
En su recurso, el PP argumenta que, "con la excusa de crear un pretendido espacio de comunicación audiovisual, propio de la Generalitat de Cataluña, ésta invade espacios de libertad garantizados por la Constitución a la sociedad civil catalana y española", informa Efe .
Según el PP, con la ley audiovisual, que entró en vigor en enero, se otorgó poderes "desproporcionados" al Gobierno autonómico y al Consejo Audiovisual catalán (CAC), "ocupando competencias reservadas al Estado y arrogándose la capacidad de definición de conceptos, como veracidad, pluralismo, normalidad lingüística y desarrollo de derechos fundamentales, de un modo exclusivo y excluyente".
El recurso consta de tres bloques: el primero dedicado a la vulneración de derechos fundamentales; el segundo relativo a la infracción del régimen lingüístico establecido por la Constitución; y el tercero referente a la invasión de competencias estatales.