LD (EFE) Fuentes jurídicas explicaron que la Fiscalía Anticorrupción, que fue quien solicitó la imputación del auditor de Afinsa, no pidió al juez ninguna medida cautelar para Blázquez, ya que entiende que no es necesario por el delito del que se le acusa y por su edad. La declaración, que se prolongó durante hora y media, se centró en el expediente abierto a Gestynsa por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), tras el que se sancionó a la auditora por haber cometido una infracción grave al fiscalizar las cuentas de Afinsa de 2002.
El ICAC -según el Ministerio de Economía- entendió al imponer la sanción que la actuación de Gestynsa supuso un "incumplimiento grave de las normas de auditoría que pudo tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y por consiguiente en su informe". El Ministerio no precisó la cuantía de la multa, que Gestynsa ha recurrido, pero indicó que debe superar 150.000 euros o tres veces el importe facturado por el trabajo.
El ICAC -según el Ministerio de Economía- entendió al imponer la sanción que la actuación de Gestynsa supuso un "incumplimiento grave de las normas de auditoría que pudo tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y por consiguiente en su informe". El Ministerio no precisó la cuantía de la multa, que Gestynsa ha recurrido, pero indicó que debe superar 150.000 euros o tres veces el importe facturado por el trabajo.
La auditora en cuestión, Gestynsa, es propiedad del padre de Jorge Blázquez, estrecho colaborador de Sebastián desde el BBVA y que ha representado al Gobierno de Zapatero en las negociaciones con Bolivia y Argentina. Según informó el diario El Mundo el pasado jueves, Jorge Blázquez Lidoy, miembro de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, presionó a mediados de 2005 desde su despacho en La Moncloa para intentar proteger a la empresa auditora de la sociedad de inversión Afinsa. Desde el entorno de Blázquez se ha negado esta información.