L D (Europa Press) El encargado de tomar una decisión sobre la admisión o no a trámite del escrito presentado por Luis Herrero en el Parlamento Europeo en representación de otros 7 periodistas y que cuenta con el respaldo de 700.000 adhesiones será finalmente el presidente de la comisión parlamentaria, el polaco Marcin Libicki, tal y como solicitó el diputado del PP Carlos Iturgáiz invocando un artículo del Tratado de la Unión Europea. Según dice Luis Herrero, "si queremos saber el fondo, habrá que admitir a trámite para poder discutir. Si no pudiéramos debatir, no podríamos saber quién tiene razón"
En la cámara, el encontronazo más airado lo protagonizaron los diputados españoles que no se ponían de acuerdo sobre la conveniencia de que se celebrara un debate sobre el asunto, como defendían los populares, o mejor reducir la decisión a una simple votación, como propuso el PSOE. Al final, la oposición de pareceres se ha hecho más evidente entre Libicki y el vicepresidente de la comisión, el británico Michael Cashman, que han manifestado en varias ocasiones su profundo desacuerdo sobre esta cuestión.
Carlos Iturgaiz por su parte, ha recordado que ya han pasado "más de cinco meses" desde que la Comisión de Peticiones debería haber tomado una decisión sobre la propuesta presentada por Herrero en nombre de ocho periodistas españoles y avalada por 700.000 firmas, "contra la negativa de las autoridades regionales catalanas a renovar las licencias radiofónicas de la emisora de radio COPE en Cataluña".
La denuncia ante la Eurocámara rechazaba la justificación de la Generalidad para cerrar la COPE porque, según argumentaba el ejecutivo catalán, esta emisora "transmite programas anticatalanes que incitan al odio, la violencia y la división". Finalmente no se llevó a efecto esta amenaza y se renovaron las licencias. En su denuncia Luis Herrero y los otros 7 periodistas mantienen que todo fue el "resultado de una campaña de denigración dirigida por el PSOE" y reclaman el amparo de la Eurocámara para "impedir una grave violación del derecho de libertad de expresión".
El debate sobre la posible admisión a trámite de esta petición se ha trasladado este martes a la comisión, después de que los coordinadores de los grupos que están representados, evitaran tomaran una decisión después de tres intentos. Al final, el presidente de la comisión admitió la propuesta de Iturgáiz para aplicar el reglamento que reconoce su potestad para, "excepcionalmente" adoptar una decisión en las 24 horas posteriores a la presentación de la queja. "Siendo consciente del tema excepcional, la decisión la voy a tomar en aproximadamente 24 horas", anunció Libicki.
El PP quiere debate, los socialistas sólo una votación
No obstante, la sesión de la comisión parlamentaria presenció una discusión entre quienes reclamaron un debate para admitir la propuesta o quienes reclamaron directamente una votación en comisión sobre su admisión. Por su parte, también intervinieron diputados no españoles para mostrar su incredulidad con la polémica que ha generado la denuncia sobre la COPE en los últimos meses.
El socialista irlandés Proinsias de Rossa, contrario a la admisión de la queja, consideró "lamentable que nos encontremos en esta situación" y aseguró no recordar nada parecido en los siete años durante los que ha formado parte de la comisión de Peticiones.
El conservador británico Robert Atkins, a favor de un debate previo a la decisión de admitir la petición, habló de un "politiqueo inaceptable" y afirmó que "hay grupos que están defendiendo un tema y evitando el debate por motivos de ideología política". "No entiendo por qué los socialistas y sus aliados tienen la determinación de evitar que se escuche el punto de vista expresado por 700.000 peticionarios", agregó.
Miguel Ángel Martínez (PSOE) presentó una moción para votar hoy mismo la admisión de la queja mientras que Ignasi Guardans (CiU), Willy Meyer (IU) y Raúl Romeva (ICV) entraron en el fondo de la misma para manifestar que debería ser rechazada puesto que no es cierto que en Cataluña se ataque a la libertad de expresión.
Guardans dudó que los 700.000 signatarios sean residentes en Cataluña, por lo que, en su opinión, difícilmente podrán verse afectados por la supuesta violación allí de la libertad de expresión. "Pongo en duda que un habitante de Sevilla esté afectado por un límite a la libertad de expresión en Cataluña", dijo.
Meyer recordó que la Generaldad "ha renovado la licencia a la COPE", afirmó que "la libertad de expresión está absolutamente garantizada" y que "no se puede aceptar una petición que no tienen nada que ver con la realidad, es un asunto con mucho ruido y pocas veces". Por su parte, Romeva aseguró que "estamos perdiendo el tiempo", al considerar que la renovación de la licencia de la COPE en Cataluña invalida incluso el título de la petición: "Sobre la negativa de las autoridades catalanas a renovar las licencias radiofónicas de la emisora radio COPE en Cataluña".
Luis Herrero les quitó la razón, y señaló que las autoridades catalanas renovaron la licencia "forzados por una decisión judicial", lo que, sin embargo, "no afecta al fondo de la cuestión". Aludió la elaboración de una ley, "con el objetivo de silenciar una emisora de la cadena COPE", que "faculta, en un flagrante atentado contra la libertad de expresión al organismo administrativo nombrado por las autoridades catalanas a que pueda silenciar la libertad de expresión", en referencia al Consejo Audiovisual Catalán (CAC).