L D (EFE) Tras conocer la decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la Oficina de Comunicación del Gobierno catalán ha emitido un comunicado en el que subraya que la Generalidad "aplica rigurosamente la ley en el contencioso iniciado por la emisora" en 1998.
Este contencioso, a su juicio, "ha versado exclusivamente sobre los procesos de concesión y de renovación de licencias de radio", por lo que reprocha que el Parlamento Europeo "haya mezclado" en su petición "cuestiones relativas a la libertad de expresión".
En esta línea, ha afirmado que la Generalidad presentará toda la documentación "que avala que ha cumplido la ley hasta las últimas consecuencias y demostrará que no existe ninguna operación destinada a cerrar la emisora". "Este caso es infundado y basado en supuestos no ajustados a la realidad, ya que en Cataluña están plenamente garantizados los derechos y la libertad de expresión", afirma el Ejecutivo catalán.
Con la decisión de esta comisión parlamentaria, se pone fin a cinco meses de debate en el hemiciclo europeo sobre si debía aceptarse a trámite la demanda contra la Generalidad presentada por el eurodiputado del PP Luis Herrero y otros periodistas.
En su nota, el Gobierno catalán asegura que el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, ha admitido a trámite la demanda "de forma unilateral", pese a que "la mayor parte de los miembros de la comisión no ha encontrado nunca ninguna evidencia de una operación destinada a cerrar la emisora".
En su defensa, el Gobierno catalán recuerda que la COPE ha estado emitiendo de forma ininterrumpida desde 1998, cuando el anterior Ejecutivo tomó la decisión de no renovar de manera automática 39 licencias, de las que cuatro eran de esta emisora, y de convocar un concurso. La COPE recurrió ante los tribunales esta decisión, y el Tribunal Supremo ordenó recientemente renovar la frecuencia 102.0 de Barcelona. El alto tribunal debe pronunciarse todavía en relación con las otras tres frecuencias en litigio.
La demanda del PP fue presentada el pasado 24 de enero por el eurodiputado popular Luis Herrero, acompañado por otros ocho periodistas -entre ellos el director del diario "El Mundo", Pedro J. Ramírez- y el respaldo de 700.000 firmas de ciudadanos en favor de una investigación sobre el caso.
Este contencioso, a su juicio, "ha versado exclusivamente sobre los procesos de concesión y de renovación de licencias de radio", por lo que reprocha que el Parlamento Europeo "haya mezclado" en su petición "cuestiones relativas a la libertad de expresión".
En esta línea, ha afirmado que la Generalidad presentará toda la documentación "que avala que ha cumplido la ley hasta las últimas consecuencias y demostrará que no existe ninguna operación destinada a cerrar la emisora". "Este caso es infundado y basado en supuestos no ajustados a la realidad, ya que en Cataluña están plenamente garantizados los derechos y la libertad de expresión", afirma el Ejecutivo catalán.
Con la decisión de esta comisión parlamentaria, se pone fin a cinco meses de debate en el hemiciclo europeo sobre si debía aceptarse a trámite la demanda contra la Generalidad presentada por el eurodiputado del PP Luis Herrero y otros periodistas.
En su nota, el Gobierno catalán asegura que el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, ha admitido a trámite la demanda "de forma unilateral", pese a que "la mayor parte de los miembros de la comisión no ha encontrado nunca ninguna evidencia de una operación destinada a cerrar la emisora".
En su defensa, el Gobierno catalán recuerda que la COPE ha estado emitiendo de forma ininterrumpida desde 1998, cuando el anterior Ejecutivo tomó la decisión de no renovar de manera automática 39 licencias, de las que cuatro eran de esta emisora, y de convocar un concurso. La COPE recurrió ante los tribunales esta decisión, y el Tribunal Supremo ordenó recientemente renovar la frecuencia 102.0 de Barcelona. El alto tribunal debe pronunciarse todavía en relación con las otras tres frecuencias en litigio.
La demanda del PP fue presentada el pasado 24 de enero por el eurodiputado popular Luis Herrero, acompañado por otros ocho periodistas -entre ellos el director del diario "El Mundo", Pedro J. Ramírez- y el respaldo de 700.000 firmas de ciudadanos en favor de una investigación sobre el caso.