LD (EFE) En su declaración, que se prolongó durante más de dos horas, la inspectora contestó sólo a una pregunta de la Fiscalía Anticorrupción y ratificó el informe pericial que determinó ya, entre los años 1998 y 2002, un déficit patrimonial superior a 475 millones en 2001 y a 607 millones de euros en 2002.
Antes de que Afinsa fuese intervenida el pasado 9 de mayo, los fiscales Alejandro Luzón y Juan Pavía pidieron varias actualizaciones de este informe sobre los años 2004 y 2005, que confirmaban una "evolución negativa" en las cuentas de la sociedad de coleccionismo.
Según declaró la propia Yábar, los informes sobre Afinsa se extendieron posteriormente sobre Fórum Filatélico, al que calculó un agujero de 2.416 millones de euros, al cierre del ejercicio 2004.
"Los compromisos de devolución con los clientes, que eran de obligado cumplimiento para Afinsa, superaban con mucho los activos de esta empresa", señala la inspectora en su informe, que sirve de base a la Fiscalía Anticorrupción para mantener que esta sociedad realizaba un "negocio jurídico criminalizado".
Además de por los delitos de insolvencia punible y administración desleal, los cuatro antiguos administradores de Afinsa y el proveedor de sellos Francisco Guijarro se enfrentan a los cargos de blanqueo de capitales, estafa, y delito contra la Hacienda Pública. De hecho, según trascendió este miércoles de fuentes jurídicas, la inspectora también cita en su informe al proveedor, sancionado por Hacienda en 2000, 2001 y 2003 por 120.000 euros, quien, hasta el momento, no ha podido aportar facturas, recibos o albaranes de las compras de sellos en España y el extranjero durante cinco años para vendérselos, posteriormente, a Afinsa.
La inspectora dijo que no tuvo en cuenta comunicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni del Banco de España sobre esta compañía y que, sus informes, sobre la situación contable de la compañía, estaban basados en las consultas al Instituto de Contabilidad y Auditoría Contable (ICAC) y a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda.
De hecho, según fuentes jurídicas, existe una consulta del propio ex presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, a la Dirección General de Tributos, en la que esta dirección le advierte sobre las operaciones financieras que realizaba la compañía. Sin embargo, según explicó el propio Cano Cuevas ante el juez Santiago Pedraz, no siguió estas recomendaciones, pese a pedirlas él mismo, porque era una consulta "no vinculante".
Otros de los puntos de discusión entre Fiscalía y las defensas, fue un informe jurídico que contiene el informe de la inspectora de Hacienda en el que se afirma que el negocio de Afinsa es "inviable" y "está abocado al fracaso". Las defensas, sin embargo, mantienen que el informe sostiene que no se puede hablar de estafa aunque, recuerdan desde la acusación, pide a la Fiscalía que se pronuncie si existe o no delito.
Antes de que Afinsa fuese intervenida el pasado 9 de mayo, los fiscales Alejandro Luzón y Juan Pavía pidieron varias actualizaciones de este informe sobre los años 2004 y 2005, que confirmaban una "evolución negativa" en las cuentas de la sociedad de coleccionismo.
Según declaró la propia Yábar, los informes sobre Afinsa se extendieron posteriormente sobre Fórum Filatélico, al que calculó un agujero de 2.416 millones de euros, al cierre del ejercicio 2004.
"Los compromisos de devolución con los clientes, que eran de obligado cumplimiento para Afinsa, superaban con mucho los activos de esta empresa", señala la inspectora en su informe, que sirve de base a la Fiscalía Anticorrupción para mantener que esta sociedad realizaba un "negocio jurídico criminalizado".
Además de por los delitos de insolvencia punible y administración desleal, los cuatro antiguos administradores de Afinsa y el proveedor de sellos Francisco Guijarro se enfrentan a los cargos de blanqueo de capitales, estafa, y delito contra la Hacienda Pública. De hecho, según trascendió este miércoles de fuentes jurídicas, la inspectora también cita en su informe al proveedor, sancionado por Hacienda en 2000, 2001 y 2003 por 120.000 euros, quien, hasta el momento, no ha podido aportar facturas, recibos o albaranes de las compras de sellos en España y el extranjero durante cinco años para vendérselos, posteriormente, a Afinsa.
La inspectora dijo que no tuvo en cuenta comunicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni del Banco de España sobre esta compañía y que, sus informes, sobre la situación contable de la compañía, estaban basados en las consultas al Instituto de Contabilidad y Auditoría Contable (ICAC) y a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda.
De hecho, según fuentes jurídicas, existe una consulta del propio ex presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, a la Dirección General de Tributos, en la que esta dirección le advierte sobre las operaciones financieras que realizaba la compañía. Sin embargo, según explicó el propio Cano Cuevas ante el juez Santiago Pedraz, no siguió estas recomendaciones, pese a pedirlas él mismo, porque era una consulta "no vinculante".
Otros de los puntos de discusión entre Fiscalía y las defensas, fue un informe jurídico que contiene el informe de la inspectora de Hacienda en el que se afirma que el negocio de Afinsa es "inviable" y "está abocado al fracaso". Las defensas, sin embargo, mantienen que el informe sostiene que no se puede hablar de estafa aunque, recuerdan desde la acusación, pide a la Fiscalía que se pronuncie si existe o no delito.