Según Rubalcaba, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dictada el pasado día 8 desmiente las acusaciones del PP de que el Gobierno ordenó las detenciones por la supuesta agresión sufrida por Bono en la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) celebrada del 22 de enero de 2005. "No es que el Gobierno y el PSOE quieran rehuir el 'caso Bono', es que se ha acabado. Ya pueden ustedes hacer lo que quieran, pero se ha acabado, porque la sentencia dice con rotundidad que no hubo instrucciones políticas", subrayó el ministro.
Rubalcaba insistió en que Bono fue agredido durante un acto que, a su entender, el PP utilizó como excusa para manifestarse contra la política antiterrorista del Ejecutivo. En opinión del ministro, una vez zanjado este caso, lo que "queda para siempre" es la acusación del PP en la que pedía veinte años de cárcel para los tres policías condenados por las detenciones. El titular de Interior añadió que esta sentencia, que calificó de "injusta", no cuestiona "en ningún caso" el comportamiento global de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, admitió que existen "escasísimos" casos de arrestos irregulares, pero insistió en que la Policía siempre actúa de acuerdo con la ley y la Constitución.
Mientras, Antonio Beteta acusó al Gobierno de haber "mentido" a los ciudadanos y al Parlamento y de haber "tergiversado" los hechos "antes y después de la sentencia". El senador del PP hizo hincapié en que las detenciones de los dos militantes de su partido fueron "políticas" y contrarias a la ley, por lo que exigió la dimisión del ministro Alonso como "responsable político directo" de tales medidas. Según Beteta, el Gobierno las ordenó con el fin de "asustar" a los ciudadanos y a los afiliados del PP "a través de una política de criminalización". "No se conforman con hacer comunidades de primera y de segunda, también ciudadanos de primera y de segunda, y eso es atentar contra la Constitución", afirmó.