L D (Europa Press) El portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, Ramón Jáuregui, declaró a Onda Cero que el siguiente paso en el proceso que hay que dar es lograr que Batasuna "aflore a la legalidad" porque esto "confirmará el abandono de la violencia y la apuesta por la política". Para ello, dijo, tendrá que aceptar la Ley de Partidos y pasar "por la ventanilla del Ministerio del Interior" aceptando las mismas reglas que asumen el resto de formaciones. "Para que después de este verano tengamos a un partido político con el que evidentemente en ese afloramiento legal cabe diálogos políticos".
Jáuregui señaló que no iba a concretar "más" pero subrayó que "un diálogo político multipartidista en el País Vasco es necesario" para que la oportunidad del abandono de la violencia permita una "cierta normalización política en el juego democrático". No obstante, advirtió de que Batasuna, aunque se legalice, seguirá probablemente "reivindicando" sus objetivos y "teniendo una lectura de la historia antagónica" a la de los socialistas, pero lo hará bajo "las mismas reglas que los demás", que tienen que ver con el "abandono definitivo de la violencia, el rechazo a cualquier acción violenta paralela a la política y el respeto a las reglas que establecen cómo se configura la política en este país y en cualquier país democrático".
Según informó Europa Press el pasado domingo, citando fuentes gubernamentales, el Gobierno trabaja con la hipótesis de devolver a la legalidad a Batasuna-ETA antes del próximo otoño a través del registro de un nuevo partido al que, esta vez, el Ministerio del Interior dará su "visto bueno". Se prevé que simpatizantes de la 'izquierda abertzale' acudan al Registro de Partidos Políticos "en agosto o septiembre" y presenten las actas fundacionales y los estatutos de una nueva organización que, a priori, cumpliría los requisitos plasmados en la vigente Ley.
De esta forma, el Ministerio que actualmente dirige Alfredo Pérez Rubalcaba podría dejar pasar el plazo de 20 días previsto para convertir en legal a un partido, sin tener que dar cuenta a la Fiscalía por posibles "indicios racionales en relación con la ilicitud penal del partido" o, concretamente en este supuesto, por hipotética "continuidad o sucesión" de un partido ya disuelto.
Continúa el acoso a Marlaska
Uno de los últimos en sumarse a la campaña contra el juez Fernando Grande Marlaska ha sido el presidente de ERC. En declaraciones a TV3, Josep Lluís Carod Rovira ha dicho estar "atónito" por la actuación del magistrado, al que compara con Garzón por su "idénticas pretensiones" de "vedettismo mediático".
La aplicación de la ley por parte del juez es vista por el líder independentista que pactó con ETA la tregua sólo para Cataluña como un obstáculo para el "proceso de paz". A su juicio, citar a declarar al ex presidente del PNV, Xabier Arzalluz, "evidencia que alguien ha perdido algunos referentes fundamentales que en democracia no se deben perder nunca". Carod interpreta que esta citación, como ya han hecho algunos peneuvistas, "obedece más a una voluntad de protagonismo y de salir en la foto que propiamente a resolver problemas".
El presidente del PNV en Guipúzcoa ha sumado una exigencia al Gobierno. Joseba Egibar quiere que Zapatero y el ministro López Aguilar se pronuncien sobre las últimas decisiones del juez porque, acusa, responden a un "propósito y un empeño político". El dirigente peneuvista ha apuntado que, aunque el Consejo General del Poder Judicial respaldó al magistrado, Zapatero y López Aguilar tienen que decir lo que piensan "de una santa vez" y exigió que "corten esta huida hacia delante de un juez, que, al parecer, al expirar su plazo en la instrucción, quiere poner la guinda al pastel", precisó. "Pues le va a salir mal, nuevamente le va a salir mal", auguró.