L D (Europa Press) Los 'populares' han hecho esta petición alegando que la juez de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Manacor, Elena Lillo, ha elevado a la Sala Penal del Tribunal Supremo una exposición razonada en la que afirma que "existen indicios de criminalidad" contra Puig, al que atribuye un presunto delito de coacciones por participar en una protesta en la piscina de Pedro J. Ramírez el pasado verano. Tras conocer la decisión de la juez, Puig señaló que el Tribunal Supremo demostrará que quien incumple la ley con su "piscina ileal" es el director de 'El Mundo' y garantizó que seguirá dando apoyo a todos los colectivos cívicos y políticos de Baleares que denuncian el "favoritismo" del que, en su opinión, goza Pedro J. Ramírez.
En su escrito a la Mesa del Congreso, al que tuvo acceso Europa Press, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Vicente Martínez-Pujalte, hace un relato pormenorizado de los hechos y solicita nuevamente que la Comisión del Estatuto del Diputado investigue los hechos.
Tras asegurar que el diputado de ERC trató de "prevalerse de su condición de diputado para una actividad privada" y "no dudo en recurrir a la violencia física" para conseguir su propósito, recuerda que el Reglamento prevé la sanción de suspensión temporal en la condición de diputado. Esta medida, añade, debería ser formulada por la Comisión del Estatuto del Diputado, lo que "evidentemente exige que la citada comisión lleve a cabo una investigación de los hechos, ante los indicios existentes". Además, explica que el 13 de febrero de 1990, se atribuyó a la Comisión del Estatuto del Diputado "el conocimiento e investigación de los hechos, actuaciones o comportamientos en que los diputados pudieran incurrir en el ejercicio de su responsabilidad" y agrega que, en desarrollo de este acuerdo, se precisó después que esta iniciativa tenía que dirigirse a la Mesa del Congreso.
Por todo ello, Martínez-Pujalte reclama a la Mesa de la Cámara Baja que "adopte las medidas necesarias" para evitar que "la amenaza" de Puig se consume y "evitar que un miembro de esta Cámara continúe prevaliéndose de su condición de diputado para amenazar, coaccionar e invadir la propiedad de ciudadanos particulares".
Sin embargo, el Congreso sólo tiene previsto actuar en el caso de que llegue un suplicatorio del Tribunal Supremo, tal y como establece el artículo 13 del Reglamento de la Cámara Baja, informaron a Europa Press en fuentes de la Presidencia. Según dicho artículo, recibido un suplicatorio el presidente "previo acuerdo adoptado por la Mesa, lo remitirá en el plazo de cinco días a la Comisión del Estatuto de los Diputados". El pasado mes de octubre, la Mesa del Congreso ya rechazó la pretensión del PP de que la Comisión del Estatuto del Diputado abriera una investigación sobre este tema. Los 'populares' alegaban que Puig había hecho ostentación de su condición parlamentaria para actividades ajenas, dañando la imagen de la Cámara.
A ello, el diputado de ERC respondió con otro escrito en el que indicaba que su participación en esa protesta --para denunciar que la piscina de Pedro J. Ramírez está construida sobre suelo público-- no contravenía el Reglamento.