L D (Agencias) Tras advertir que la información del informe "es provisional y condicionada por limitaciones", el administrador judicial Javier Grávalos indica que Afinsa asume "riesgos" en la compra y venta de sellos y que es la forma "más apropiada" de mostrar en el balance las "obligaciones" con más de 190.609 clientes, cifrada en 2.185 millones de euros como pasivo.
El administrador considera que existen activos por 411 millones de euros, a 31 de diciembre de 2005, además de otras "plusvalías latentes" de su filial OIKIA –propietaria de inmuebles– por más de 47 millones de euros y la participación en la compañía Auctentia, por otros 30 millones de euros (con el 67 por ciento de Escala Group). También para el activo da una valoración, "a precios de mercado", de los valores filatélicos que figuran en existencias (119 millones de euros), aunque no le es posible determinar el valor de los sellos sobre los que Afinsa ha otorgado a sus clientes un pacto de recompra "y que no figuran en el balance de la compañía".
Dentro de los pasivos, el administrador computa "las obligaciones no contabilizadas por Afinsa" de 2.185 millones, así como otros 127 millones de euros por diferentes partidas, como deudas con acreedores comerciales (66 millones de euros) o con otras empresas del grupo (19 millones de euros). El administrador judicial deja claro además que su actuación está "dirigida a hacer cesar la actividad indiciariamente delictiva que se investiga" en la Audiencia Nacional, donde Anticorrupción imputa a los ejecutivos de Afinsa los delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental.
También indica que, "si se confirma definitivamente" este déficit patrimonial –estimado por la Agencia Tributaria en 2004 en 1.105 millones de euros–, "resultará inevitable la liquidación de la empresa". En estos casi dos meses de administración judicial, Javier Grávalos ha informado de que los únicos pagos han sido para el salario del más de medio millar de empleados por más de 2 millones de euros, aunque no han pagado las remuneraciones que debían cobrar los comerciales por importe de 1,79 millones de euros. Tampoco se ha hecho frente a cuotas hipotecarias por un total de 224.149 euros, ni tampoco a las obligaciones tributarias y de Seguridad Social aparejadas a los trabajadores de plantillas, puesto que existen otros contratados mercantilmente en la red de 2.400 agentes de Afinsa.
El administrador considera que existen activos por 411 millones de euros, a 31 de diciembre de 2005, además de otras "plusvalías latentes" de su filial OIKIA –propietaria de inmuebles– por más de 47 millones de euros y la participación en la compañía Auctentia, por otros 30 millones de euros (con el 67 por ciento de Escala Group). También para el activo da una valoración, "a precios de mercado", de los valores filatélicos que figuran en existencias (119 millones de euros), aunque no le es posible determinar el valor de los sellos sobre los que Afinsa ha otorgado a sus clientes un pacto de recompra "y que no figuran en el balance de la compañía".
Dentro de los pasivos, el administrador computa "las obligaciones no contabilizadas por Afinsa" de 2.185 millones, así como otros 127 millones de euros por diferentes partidas, como deudas con acreedores comerciales (66 millones de euros) o con otras empresas del grupo (19 millones de euros). El administrador judicial deja claro además que su actuación está "dirigida a hacer cesar la actividad indiciariamente delictiva que se investiga" en la Audiencia Nacional, donde Anticorrupción imputa a los ejecutivos de Afinsa los delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental.
También indica que, "si se confirma definitivamente" este déficit patrimonial –estimado por la Agencia Tributaria en 2004 en 1.105 millones de euros–, "resultará inevitable la liquidación de la empresa". En estos casi dos meses de administración judicial, Javier Grávalos ha informado de que los únicos pagos han sido para el salario del más de medio millar de empleados por más de 2 millones de euros, aunque no han pagado las remuneraciones que debían cobrar los comerciales por importe de 1,79 millones de euros. Tampoco se ha hecho frente a cuotas hipotecarias por un total de 224.149 euros, ni tampoco a las obligaciones tributarias y de Seguridad Social aparejadas a los trabajadores de plantillas, puesto que existen otros contratados mercantilmente en la red de 2.400 agentes de Afinsa.
El presidente de Afinsa rechaza el informe del administrador
En sentido absolutamente opuesto al administrador judicial se ha manifestado el presidente de Afinsa y propietario del cincuenta por ciento del accionariado de la compañía, Juan Antonio Cano Cuevas. Para Cano Cuevas el quebranto producido por la intervención judicial a la sociedad de coleccionismo, desde el 9 de mayo, podría cifrarse en 3.000 millones de euros. En declaraciones a la agencia Efe, Cano Cuevas rechazó el informe del administrador judicial entregado este martes al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y pidió que no se entienda como "dogma de fe", puesto que Afinsa tuvo en 2005 un beneficio neto de 43,3 millones de euros y esperaba ganar en 2006 un 20 por ciento más.
El presidente de Afinsa, imputado por estafa, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental, anunció que recurrirá, en menos de diez días, a la Audiencia Nacional este informe con un "plan de continuidad y viabilidad" para Afinsa respaldado "por otras grandes compañías" de España. Para evitar la posible liquidación de los bienes de la compañía, Cano Cuevas propondrá que se establezca un reglamento más tutelado, para que la "organización continúe viva y encuentre liquidez por medio de su expertise (experiencia), su fuerza comercial", ya que considera que Afinsa es una de las tres empresas españolas más fuertes en potencial de venta de productos con 120 oficinas y 2.400 agentes.
La empresa vendería "muchas más cosas además de sellos", como oro, plata, diamantes y otros servicios, indicó el presidente de Afinsa, quien advirtió de que "no se malvendan los sellos" y se ofreció a vender las estampas propiedad de los 190.000 clientes de Afinsa en otros mercados europeos como Suecia, Alemania, Estados Unidos y Francia. A su juicio, con este informe del administrador judicial "se le resta a los clientes de la empresa un patrimonio líquido de 2.185 millones de euros en sellos", ya que éste no acepta el valor de los catálogos utilizados por Afinsa e incluye los 2.185 millones de euros en las obligaciones (pasivo exigible) de la empresa.
Este hecho implicaría que Afinsa tenga un déficit patrimonial de 1.700 millones de euros, ya que valora los activos en 570 millones de euros, frente a los 2.300 millones del pasivo. "No hemos transaccionado con el aire, nuestro cliente tenía un bien" que adquiría con un compromiso de recompra, recordó Juan Antonio Cano Cuevas, quien concretó que Afinsa "no devolvía dinero", sino que buscaba a un tercero para que recomprara el sello y si no lo conseguía, "Afinsa se comprometía a recomprarlo". Para Juan Antonio Cano Cuevas, "cada euro invertido en los sellos vale hoy un euro" en el mercado, es decir, los 2.185 millones de euros.
Una interpretación jurídico-administrativa, sobre si los contratos de Afinsa con sus clientes son financieros o mercantiles, "no puede dar lugar a una intervención como ésta", dijo el presidente de la compañía, quien puso como ejemplo la empresa Stanley Gibbons, que opera en el Reino Unido "con similares características" desde el siglo XIX. También reconoció que, en marzo de 2006, dos meses antes de la intervención del 9 de mayo, Citigroup, el mayor conglomerado financiero del mundo, presentó a Afinsa una propuesta pasa sacar a Bolsa la empresa en la que valoraba a la compañía por entre 1.300 y 1.500 millones de euros. Sin embargo, Afinsa, que no solicitó el informe, rechazó la oferta de entrar en Bolsa porque, según él, prefieren "reinvertir los beneficios en la empresa" para hacer la compañía más sólida y para evitar los "dividendos que exige el mercado" a las empresas cotizadas.
El presidente de Afinsa, imputado por estafa, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental, anunció que recurrirá, en menos de diez días, a la Audiencia Nacional este informe con un "plan de continuidad y viabilidad" para Afinsa respaldado "por otras grandes compañías" de España. Para evitar la posible liquidación de los bienes de la compañía, Cano Cuevas propondrá que se establezca un reglamento más tutelado, para que la "organización continúe viva y encuentre liquidez por medio de su expertise (experiencia), su fuerza comercial", ya que considera que Afinsa es una de las tres empresas españolas más fuertes en potencial de venta de productos con 120 oficinas y 2.400 agentes.
La empresa vendería "muchas más cosas además de sellos", como oro, plata, diamantes y otros servicios, indicó el presidente de Afinsa, quien advirtió de que "no se malvendan los sellos" y se ofreció a vender las estampas propiedad de los 190.000 clientes de Afinsa en otros mercados europeos como Suecia, Alemania, Estados Unidos y Francia. A su juicio, con este informe del administrador judicial "se le resta a los clientes de la empresa un patrimonio líquido de 2.185 millones de euros en sellos", ya que éste no acepta el valor de los catálogos utilizados por Afinsa e incluye los 2.185 millones de euros en las obligaciones (pasivo exigible) de la empresa.
Este hecho implicaría que Afinsa tenga un déficit patrimonial de 1.700 millones de euros, ya que valora los activos en 570 millones de euros, frente a los 2.300 millones del pasivo. "No hemos transaccionado con el aire, nuestro cliente tenía un bien" que adquiría con un compromiso de recompra, recordó Juan Antonio Cano Cuevas, quien concretó que Afinsa "no devolvía dinero", sino que buscaba a un tercero para que recomprara el sello y si no lo conseguía, "Afinsa se comprometía a recomprarlo". Para Juan Antonio Cano Cuevas, "cada euro invertido en los sellos vale hoy un euro" en el mercado, es decir, los 2.185 millones de euros.
Una interpretación jurídico-administrativa, sobre si los contratos de Afinsa con sus clientes son financieros o mercantiles, "no puede dar lugar a una intervención como ésta", dijo el presidente de la compañía, quien puso como ejemplo la empresa Stanley Gibbons, que opera en el Reino Unido "con similares características" desde el siglo XIX. También reconoció que, en marzo de 2006, dos meses antes de la intervención del 9 de mayo, Citigroup, el mayor conglomerado financiero del mundo, presentó a Afinsa una propuesta pasa sacar a Bolsa la empresa en la que valoraba a la compañía por entre 1.300 y 1.500 millones de euros. Sin embargo, Afinsa, que no solicitó el informe, rechazó la oferta de entrar en Bolsa porque, según él, prefieren "reinvertir los beneficios en la empresa" para hacer la compañía más sólida y para evitar los "dividendos que exige el mercado" a las empresas cotizadas.
También la plataforma que agrupa a buena parte de los trabajadores de Afinsa ha manifestado su "frontal oposición" a que la compañía se someta a un proceso de concurso necesario (antigua suspensión de pagos) y se disuelva, dado que, a su juicio, la sociedad es viable y solvente. Los trabajadores, como su presidente, recuerdan que la división de banca de inversión del gigante estadounidense Citigroup llegó a recomendar la colocación en el mercado bursátil de Afinsa, con una valoración de unos 1.500 millones de euros. Esta circunstancia, según la plataforma de los trabajadores, es una prueba más que cuestiona los argumentos dados por la Fiscalía y por la Agencia Tributaria, que motivaron la intervención judicial tanto de Afinsa como de Fórum Filatélico.
Los trabajadores (que cuentan con la página de internet www.plataformaafinsa.org) han defendido la legalidad del negocio de Afinsa y han vuelto a culpar a la Agencia Tributaria, que, en su opinión, ha actuado "cuando menos con ligereza" al provocar la intervención judicial. Según los trabajadores, la Agencia Tributaria realizó un informe bajo "el criterio equivocado" de considerar Afinsa una empresa financiera y no una compañía mercantil, "contradiciendo, a su vez, a informes anteriores de la propia Agencia Tributaria, del Banco de España y de la CNMV".
Los trabajadores (que cuentan con la página de internet www.plataformaafinsa.org) han defendido la legalidad del negocio de Afinsa y han vuelto a culpar a la Agencia Tributaria, que, en su opinión, ha actuado "cuando menos con ligereza" al provocar la intervención judicial. Según los trabajadores, la Agencia Tributaria realizó un informe bajo "el criterio equivocado" de considerar Afinsa una empresa financiera y no una compañía mercantil, "contradiciendo, a su vez, a informes anteriores de la propia Agencia Tributaria, del Banco de España y de la CNMV".