L D (Europa Press) Según ha informado la Policía, en la operación, desarrollada en Valencia y Barcelona, fueron detenidas 42 que se dedicaban a falsificar documentos obteniendo en los últimos dos meses más de 300.000 euros con esta actividad ilegal.
La actividad principal de la red consistía en la falsificación de permisos de residencia españoles para ciudadanos extranjeros, en situación irregular, con los que intentaban darles de alta en la Seguridad Social, así como la falsificación de nóminas para solicitar créditos bancarios. Igualmente, falsificaban permisos de conducir de países latinoamericanos para canjearlos en la Dirección General de Tráfico por permisos de conducir españoles.
Los integrantes de la organización habían logrado un gran nivel de especialización con lo que habían conseguido extender su actividad delictiva por el litoral Mediterráneo desde Barcelona a Valencia, ciudad en la que se había establecido una parte de la infraestructura.
Seis meses atras comenzaba la investigación cuando los agentes detectaron la existencia de varios individuos que se dedicaban a falsificar permisos de Residencia y Trabajo con destino a ciudadanos extranjeros en situación irregular en España. Una vez conseguidas estas falsificaciones, el siguiente paso era su integración en el sistema español de la Seguridad Social, operación ésta última que siempre realizaban los españoles que formaban parte del grupo.
Captados en locutorios
La organización criminal buscaba la clientela en los locutorios a los que acudían los inmigrantes, a través de intermediarios. Allí ofrecían tarjetas de trabajo y residencia, indicándoles que las conseguían de forma legal, a través de los contactos mantenidos con un funcionario de la administración, garantizándoles que dicho documento facilitaba el alta en la Seguridad Social.
Una vez conseguida el alta, les facilitaban la tarjeta de trabajo y residencia falsificada, y una copia fraudulenta de la misma, con el número asignado por la Seguridad Social. La organización cobraba entre 1.500 y 3.000 euros a cada individuo por las falsificaciones y la realización de los trámites.