LD (EFE) En un comunicado leído por el abogado Stephen O´Doherty, la Fiscalía del Reino Unido ha informado de que la Policía Metropolitana de Londres será procesada en relación a la muerte del brasileño Jean Charles de Menezes, pero no se presentarán cargos contra ningún agente por el trágico suceso.
Menezes, de veintisiete años, perdió la vida un día después de los ataques fallidos contra la red de transportes de Londres, en los que no hubo víctimas porque sólo estallaron los detonadores y no las bombas. En la mañana del veintidós de julio, el joven salió de un bloque de pisos vigilado en el barrio de Tulse Hill, al sur de Londres, se montó en un autobús hasta la estación de Stockwell, donde el joven, que acudía al trabajo, fue tiroteado por la policía que lo confundió al parecer con un terrorista suicida.
El texto dice que la Policía será procesada en virtud de los apartados 3 y 33 de la llamada Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, de 1974, por la muerte de Menezes en la estación de Metro de Stockwell (sur de Londres) en la mañana del veintidós de julio de 2005. Según añade la nota, las fuerzas del orden no cumplieron con esa legislación al no asegurar "la salud, seguridad y bienestar" del brasileño.
Sin embargo, tras analizar el informe de la Comisión de Quejas a la Policía (IPCC) -que investigó el caso-, la Fiscalía llegó a la conclusión de que no había pruebas suficientes como para presentar cargos, con perspectivas de condena, contra agentes en forma individual por la muerte del joven brasileño. El comunicado agrega que "los dos agentes que hicieron los fatales disparos lo hicieron porque pensaron que Menezes había sido identificado como un terrorista suicida".
Las pruebas indican que ellos creían realmente que se trataba de un terrorista, añadió la nota, que puntualiza que "Menezes no era un terrorista suicida". O'Doherty resaltó que un "número de individuos" cometieron "errores de planificación y comunicación" en la operación. La Fiscalía llegó a esas conclusiones tras considerar delitos como asesinato, homicidio, falsificación y violación de la legislación sobre salud y seguridad.