L D (EFE) El magistrado entiende que las obras acometidas excedieron el contenido de la licencia, ya que la empresa de Pedro Román puso el alcantarillado, acerado e iluminación, actuaciones que no estaban previstas, aunque no afectó a "espacios naturales especialmente protegidos ni especies arbóreas".
En la sentencia se subraya que los denunciantes "solo expusieron meras creencias subjetivas" durante la vista oral, pero que no hay datos objetivos que las corrobore y señala que además "vienen matizadas por las malas relaciones existentes" entre denunciantes y denunciados. Durante el juicio, Julián Muñoz ha reconocido haber firmado un decreto el 17 de agosto de 1998 a la entidad Development Proyect S.A. para arreglo y asfaltado de un camino, pero aseguró que no recibió ninguna orden para dar trato de favor a nadie.
El ex alcalde ha explicado al juez que aunque él no era un experto en urbanismo no entendía cuál era el problema, ya que sólo autorizó hacer una mejora en una vía "entendiendo que el arreglo de un camino siempre mejora, no deteriora". Subrayó que él nunca examinaba los expedientes y que siempre venían avalados por la Gerencia de Urbanismo y recordó que no tenía competencias en esta materia: "yo era teniente de alcalde del núcleo de población de San Pedro de Alcántara y concejal de Fiestas".
Pedro Román también ha proclamado su inocencia, añadió que su hijo no tenía capacidad de gestión en la empresa y ha asegurado que la denuncia se debía a una enemistad con los denunciantes que en su día le intentaron chantajear. Los cuatro procesados han sido absueltos de un delito urbanístico por una denuncia de dos vecinos, aunque el fiscal durante el juicio pidió su absolución al considerar que la licencia otorgada no afectó a suelo especialmente protegido.
La licencia se otorgó para el asfaltado de un camino en la urbanización Marbella Sierra Blanca y todos los acusados se enfrentaban a una petición de más de dos años de prisión. Muñoz ha sido condenado ya en dos ocasiones por delito urbanístico, una por las licencias de obras en "Banana Beach" y otra por autorizar un permiso de obras a la entidad Promoción de Edificaciones Industriales SA (Proinsa) para levantar 150 viviendas, garajes y locales junto al Palacio Polivalente.
Además, el ex alcalde está pendiente de que el Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga dicte sentencia en el juicio que se siguió contra él y otros siete ex ediles del GIL por haber autorizado una licencia de obra en zona verde a la entidad Moanza.
En la sentencia se subraya que los denunciantes "solo expusieron meras creencias subjetivas" durante la vista oral, pero que no hay datos objetivos que las corrobore y señala que además "vienen matizadas por las malas relaciones existentes" entre denunciantes y denunciados. Durante el juicio, Julián Muñoz ha reconocido haber firmado un decreto el 17 de agosto de 1998 a la entidad Development Proyect S.A. para arreglo y asfaltado de un camino, pero aseguró que no recibió ninguna orden para dar trato de favor a nadie.
El ex alcalde ha explicado al juez que aunque él no era un experto en urbanismo no entendía cuál era el problema, ya que sólo autorizó hacer una mejora en una vía "entendiendo que el arreglo de un camino siempre mejora, no deteriora". Subrayó que él nunca examinaba los expedientes y que siempre venían avalados por la Gerencia de Urbanismo y recordó que no tenía competencias en esta materia: "yo era teniente de alcalde del núcleo de población de San Pedro de Alcántara y concejal de Fiestas".
Pedro Román también ha proclamado su inocencia, añadió que su hijo no tenía capacidad de gestión en la empresa y ha asegurado que la denuncia se debía a una enemistad con los denunciantes que en su día le intentaron chantajear. Los cuatro procesados han sido absueltos de un delito urbanístico por una denuncia de dos vecinos, aunque el fiscal durante el juicio pidió su absolución al considerar que la licencia otorgada no afectó a suelo especialmente protegido.
La licencia se otorgó para el asfaltado de un camino en la urbanización Marbella Sierra Blanca y todos los acusados se enfrentaban a una petición de más de dos años de prisión. Muñoz ha sido condenado ya en dos ocasiones por delito urbanístico, una por las licencias de obras en "Banana Beach" y otra por autorizar un permiso de obras a la entidad Promoción de Edificaciones Industriales SA (Proinsa) para levantar 150 viviendas, garajes y locales junto al Palacio Polivalente.
Además, el ex alcalde está pendiente de que el Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga dicte sentencia en el juicio que se siguió contra él y otros siete ex ediles del GIL por haber autorizado una licencia de obra en zona verde a la entidad Moanza.