L D (Europa Press) Para un cuarto policía, el jefe del turno, a quien por antigüedad le correspondía ejercer ese puesto y que había quedado en libertad el viernes tras prestar declaración en la Comisaría, el fiscal y la acusación particular pidieron prisión provisional con fianza de 12.000 euros, aunque la jueza decretó, finalmente, libertad provisional, según informaron fuentes judiciales.
Precisamente, el abogado que ejerce la acusación particular y que representa a las seis internas --una brasileña, una marroquí y cuatro ucranianas-- comentó a Europa Press que presentará un recurso de reforma contra el auto de libertad provisional para este último agente, sobre todo "por la alarma social que se ha producido y porque su no ingreso puede perjudicar a la instrucción de la causa y, además, existe el riesgo de fuga".
A los tres policías encarcelados --dos de la plantilla del Centro de Internamiento de Extranjeros y uno de un radiopatrulla-- se les acusa de agresión sexual, contra la integridad moral y omisión del deber de impedir delitos. Una vez en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde llegaron a primera hora de la mañana de hoy, se encuentran en el módulo de aislamiento dado su carácter de funcionarios, según confirmaron a Europa Press fuentes penitenciarias.
En primer lugar, la jueza empezó a tomar declaración sobre las 22.30 horas a las seis internas, todas ellas jóvenes, y, posteriormente, interrogó a cada uno de los funcionarios, terminando en torno a las 05.30 horas, expuso el letrado de la acusación particular. Por su parte, el secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Manuel Beaín, indicó que todos los funcionarios "niegan" las acusaciones que se les imputan.
Así, criticó que el criterio para ordenar el ingreso en prisión de estos tres agentes haya sido "sólo la declaración de algunas de las internas, que dijeron que habían tenido relaciones sexuales con ellos". "Es inaudito que se tome esa decisión teniendo en cuenta únicamente una declaración y sin ninguna prueba, sobre todo cuando esas personas, por decir algo así, pueden ganarse una residencia en España", señaló a Europa Press.
No obstante, el letrado de la acusación particular aseguró que la decisión de la jueza se ha fundamentado "en las declaraciones de las testigos protegidas, de los agentes y la aparición de tres fotografías tomadas por algunas internas en sus teléfonos móviles". Beaín, quien anunció que a partir de mañana se presentarán recursos de reforma contra los autos de prisión, aseveró que los agentes "están alucinados porque no se creen lo que está ocurriendo". En cuanto a la situación de las seis internas, que estaban pendientes de su expulsión, estos hechos les permitirán parar su procedimiento a la espera de que se resuelva el caso.
En las inspecciones de seguridad que se realizan con carácter programado y habitual, se detectó que en uno de los turnos concretos de trabajo se llevarían a cabo estas presuntas actividades irregulares, como celebrar fiestas nocturnas con internas, que podrían haber llegado a tener relaciones sexuales con los funcionarios, según expusieron desde la Comisaría Provincial. Esta situación motivó una "exhaustiva" investigación de la Comisaría Provincial de Málaga, en la que fueron interrogados y puestos a disposición judicial los funcionarios de Policía --según apuntaron en un comunicado, siete--, diligencia que se materializó en la mañana del sábado.
Paralelamente, y en coordinación con lo que decida la autoridad judicial competente, la Dirección General de la Policía (DGP) ha iniciado las correspondientes acciones en el ámbito disciplinario, relevando a los policías de sus puestos. Asimismo, explicaron que se decidió el cese del jefe de seguridad de esa unidad policial.
Por su parte, ONGs como Málaga Acoge o la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes anunciaron ya, tras conocerse los hechos, que se personarán como acusación popular en este caso. Asimismo, solicitaron a la Subdelegación del Gobierno información de las presuntas víctimas para poder darles asistencia jurídica gratuita. En el conocido como 'Centro de Capuchinos', que depende de la Dirección General de la Policía, se encuentran hombres y mujeres inmigrantes en situación irregular que quedan retenidos a la espera de ser expulsados a sus países de origen. En el caso de no poder ser repatriados, quedan en libertad.