L D (Agencias) Rubalcaba defendió las actuaciones de Guardia Civil, Policía Nacional y Delegación de Gobierno en Cataluña asegurando que fueron "oportunas, prudentes y proporcionadas", basadas en criterios competenciales, de oportunidad y coordinación. Para el ministro, fue una intervención "oportuna". "Se podía haber desalojado la pista antes, sin duda, con 243 guardias civiles y 132 policías nacionales, pero las consecuencias habrían sido nefastas en esas circunstancias: Habríamos tenido la pista limpia y casi con seguridad el aeropuerto parado unos cuantos días", sostuvo, recalcando que se adoptó "una decisión profesional" avalada por el delegado del Gobierno y que él también respalda.
En su intervención inicial ante la Comisión de Interior del Congreso, Rubalcaba recordó que el motivo aducido por los trabajadores de tierra de Iberia para emprender la protesta ilegal se basaba en las consecuencias de que su empresa perdiera la adjudicación de los servicios de 'handling' --servicios aeroportuarios en tierra--. Subrayó que el modo de reaccionar de los trabajadores fue "ilegal, desproporcionado y gravemente lesivo para muchos ciudadanos". En cuanto a la previsión de que el conflicto laboral pudiera desencadenar una protesta de este tipo, el titular de Interior aseguró que "ni Policía ni Guardia Civil tenían noticia de que pudiera producirse", ya que "ni empresas ni trabajadores manifestaron inquietud en días anteriores".
Sobre los criterios seguidos para la gestión de la crisis, señaló que en materia de competencias corresponde a la Guardia Civil mantener el orden público en la zona interior del aeropuerto, menos en las terminales propiamente dichas. También indicó que a la Guardia Civil le corresponde el control de los efectos y equipajes que se introducen en los aviones y de los equipajes de llegadas. Por su parte, a la Policía, señaló Rubalcaba, le corresponde el mantenimiento del orden público en las terminales, así como el control de pasaportes de salida y entrada al país. Por tanto el ministro afirmó que "el peso para volver a la operatividad" en El Prat correspondió a la Guardia Civil, mientras que la Policía se ocupó de evitar enfrentamientos entre los pasajeros y el personal de Iberia, así como de atender junto a Cruz Roja las necesidades de los pasajeros que se encontraban en las terminales.
Sobre la oportunidad de las acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el ministro explicó que como primer paso, se debía analizar cómo resolver el conflicto de la forma y en el momento en que la actuación pudiera llevarse a cabo, "sin cometer daños mayores de los que se trataba de evitar". "La Guardia Civil analizó la situación y buscó recuperar la normalidad, garantizando la seguridad de las personas y de los bienes", sostuvo el ministro, y recordó que la huelga, al ser ilegal, "sólo terminaría cuando los trabajadores volvieran a sus puestos", por lo que despejar la pista "era una condición necesaria" pero "no suficiente". "La solución era que la huelga ilegal finalizara", aseveró.
Rubalcaba reiteró que "una pista de un aeropuerto no es una autopista", y por ello, "había que evitar que el desalojo llevara a una batalla campal de consecuencias difíciles de predecir, al igual que la entrada de trabajadores al aeropuerto podía llevar a enfrentamientos con los viajeros". Por tanto, indicó que el desalojo de las pistas "no podía ser cuando en ellas se encontraban cerca de 400 personas airadas y excitadas", y por ello se esperó unas horas "para que el número de trabajadores descendiera".
"Poco después de las 17.30 horas --del 28 de julio-- cuando el número era mucho menor, se hizo sin incidentes y se consiguió detener a los más exaltados de los trabajadores", añadió. El ministro se refirió por último a la "coordinación" como el tercer criterio para la gestión de la crisis. "Durante todo el tiempo que duró el conflicto se mantuvo la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos e Seguridad el Estado y las autoridades del aeropuerto, entre el delegado del Gobierno y los responsables de AENA y de Fomento, entre la Administración del Estado y la de la Generalitat de Cataluña", concluyó.
