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El PSOE respeta que Garzón autorice la manifestación de Batasuna-ETA y el PP acusa a la Fiscalía de escamotear pruebas

El PSOE respeta la decisión del juez Baltasar Garzón de autorizar la manifestación que Batasuna-ETA celebrará este domingo en San Sebastián porque "los poderes públicos siempre actúan en base a pruebas y no a suposiciones". El 25 de enero de 2005, tras la detención ilegal de dos afiliados del PP y la falsificación de pruebas en su contra, Rubalcaba no esperó a ningún auto judicial para conminar al PP a "aclarar la participación de militantes suyos en una agresión al ministro de Defensa", que luego se demostraría que no existió. Con Batasuna-ETA, el rasero socialista ha cambiado. El PP, por medio de Leopoldo Barrera, ha responsabilizado a la Fiscalía y al Gobierno vasco de escamotear al juez las evidencias que identifian a Batasuna-ETA con la manifestación.

El PSOE respeta la decisión del juez Baltasar Garzón de autorizar la manifestación que Batasuna-ETA celebrará este domingo en San Sebastián porque "los poderes públicos siempre actúan en base a pruebas y no a suposiciones". El 25 de enero de 2005, tras la detención ilegal de dos afiliados del PP y la falsificación de pruebas en su contra, Rubalcaba no esperó a ningún auto judicial para conminar al PP a "aclarar la participación de militantes suyos en una agresión al ministro de Defensa", que luego se demostraría que no existió. Con Batasuna-ETA, el rasero socialista ha cambiado. El PP, por medio de Leopoldo Barrera, ha responsabilizado a la Fiscalía y al Gobierno vasco de escamotear al juez las evidencias que identifian a Batasuna-ETA con la manifestación.
LD (Agencias) El secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa, Miguel Buen, dijo "respetar" la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de permitir la celebración de la manifestación convocada para mañana en San Sebastián y afirmó que, pese a que se puedan tener "sospechas" sobre la vinculación de la marcha con la izquierda abertzale, los poderes públicos siempre actúan "en base a pruebas y no a suposiciones".
 
Buen defendió la división de poderes y el derecho de manifestación como "un derecho fundamental recogido en la Constitución", por lo que dijo "respetar" el auto de Garzón.
 
"A partir de ahí, cada uno de nosotros podremos tener nuestras sospechas, nuestras reservas, con respecto a la independencia mayor o menor de la ciudadana que ha comunicado y convocado esta manifestación con respecto del mundo de la izquierda abertzale, pero los poderes públicos en un Estado de Derecho actúan en base a pruebas y no en base a suposiciones o a intuiciones", precisó.
 
Fiscalía y Gobierno vasco, responsables
 
El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, por su parte acusó a la Fiscalía y al Departamento de Interior del Gobierno vasco de no haber aportado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón los "elementos de apoyo fundamentales" para prohibir la manifestación convocada para mañana en San Sebastián.
Barreda se refirió de esta manera al auto de Garzón que permite la marcha y lamentó que la Fiscalía "haya hecho hincapié en una diferencia de lema que no existe".
 
"Tanto la Fiscalía como las fuerzas de seguridad y, en particular, el Departamento de Interior, no parecen haber aportado al juez elementos de apoyo fundamentales para pronunciarse sobre este tema", denunció.
A su entender, "la identidad, el lugar, la fecha y el lema" de la manifestación son elementos que "claramente permiten identificar una convocatoria con otra", por lo que aseguró que estos datos deberían haber servido para la prohibición de la marcha.
 
En este sentido, criticó la "inconsistencia" de la actuación de la Fiscalía y del Departamento de Interior en defensa del Estado de Derecho y aseguró que actuaciones como ésta "dificultan una resolución judicial que permita hacer frente al desafío lanzado por ETA-Batasuna en esta nueva convocatoria".
Por ello, pidió a la Fiscalía, a las fuerzas de seguridad y al Partido Socialista que sean "capaces de poner de manifiesto ante el juez todos los elementos de juicio porque --insistió-- estamos en un desafío muy importante y, si se consumara ese fraude del Estado de Derecho, representaría un retroceso de la democracia en el País Vasco".

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