L D (Europa Press) La Fiscalía abrió diligencias para aclarar este asunto tras conocer determinadas informaciones periodísticas que advertían de la celebración de reuniones y otro tipo de actividades por parte de miembros de la extinta HB y Batasuna en las sedes de ambos gobiernos locales. El Ministerio Público instó a sendos ayuntamientos a informar sobre este asunto el pasado sábado, y desde ambos gobiernos locales se negó por escrito haber asignado despacho a ex ediles batasunos, según informó el portavoz del Ministerio Público.
García Jabaloy, que es el fiscal asignado a la causa en la que se acordó la suspensión de actividades de Batasuna, cree que los informes municipales no agotan la investigación y en los próximos días tiene previsto pedir al juez encargado del caso, Baltasar Garzón, que acuerde nuevas diligencias, como pueden ser requerir informes policiales o la citación de testigos que expliquen el uso que se da a los despachos municipales.
La actividad de Batasuna se encuentra suspendida desde el pasado 17 de enero por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien al día siguiente de dictar su resolución comenzó a ordenar la clausura de locales del partido ilegalizado. Esta medida se incardina en la causa que investiga la posible financiación de ETA a través de la red de herriko tabernas controladas por Batasuna.
Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha sido instruida sobre contenido del informe policial realizado a instancias del juez Garzón sobre la reunión celebrada el pasado día 19 en Pamplona entre miembros de Batasuna y de la formación Aralar. García Jabaloy señaló que los informes señalan que la iniciativa del encuentro fue de Aralar, según informaron los propios integrantes de esta información a la Policía. Por ello, y teniendo en cuenta las actuaciones del magistrado frente a otras reuniones como la de Batasuna con el PSOE, el Ministerio Público cree que el encuentro no generará actuaciones judiciales por carecer de relevancia penal.
Finalmente, García Jabaloy señaló que a día de hoy la Audiencia Nacional no tiene constancia de la existencia de una nueva remesa de cartas de extorsión remitidas por ETA a empresarios navarros. Las informaciones de las que dispone tanto la Fiscalía como el juez Garzón, según el portavoz, son las que ha ofrecido la prensa durante los últimos días. Añadió que de haberse producido alguna denuncia concreta durante la semana pasada, el Decanato de la Audiencia Nacional ya la habría remitido al Juzgado que tiene antecedentes en la materia, que en este caso sería el Central de Instrucción número 5, cuyo titular es Garzón.
Juicios contra terroristas de ETA
Por otro lado, en también en la Audiencia Nacional continúan diversos juicios contra la miembros de la organización terrorista ETA. Así, el alto tribunal condenó al etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, "Gadafi", a penas que suman 79 años de cárcel por su responsabilidad en dos atentados. La primera de las penas, de 52 años de cárcel, le ha sido impuesta por preparar el explosivo utilizado en el asesinato del Policía Nacional José Cruz Martínez, cometido en Baracaldo (Vizcaya) el 8 de abril de 1991; mientras que otro tribunal le ha impuesto una condena de 27 años de cárcel por participar en el ataque del cuartel de la Guardia Civil de Valmaseda en noviembre de 1990.
A esta sentencia, se une la petición del fiscal Ignacio Gordillo, quien pidió a la Sección Primera de lo Penal de esta sede judicial que condene a los etarras Henri Parot y Juan Lorenzo Lasa Michelena a 50 años de cárcel por considerar "sin ningún género de duda" acreditada su participación en el asesinato en noviembre de 1982 del general Víctor Lago Román, jefe de la División Acorazada 'Brunete', en Madrid. Además, el fiscal pidió que se les condene a indemnizar a la familia del general Lago con 400.000 euros.
