L D (Europa Press) Así consta en el informe remitido por la Consejería de Interior del Gobierno vasco a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para incluir en las diligencias informativas abiertas tras conocer determinadas informaciones periodísticas que advertían de la celebración de reuniones y otro tipo de actividades por parte de miembros de la extinta Herri Batasuna y Batasuna en las sedes de ambos gobiernos locales.
El fiscal portavoz Juan Antonio García Jabaloy explicó este martes que el informe remitido por el Gobierno vasco en relación con estos hechos sólo incluye las declaraciones de ambos secretarios. El miércoles, la Fiscalía tomará declaración al concejal del Partido Popular en Ibarra Javier Igartua y a la edil del mismo partido en Cuartango Ana Salazar, en relación con el presunto uso por ex ediles de Batasuna-ETA de despachos en ambos consistorios.
Su declaración permitirá aclarar si, tal y como ellos han denunciado, ex ediles de Batasuna-ETA disfrutan de despachos en dependencias municipales de los que ellos carecen, a pesar de haber obtenido escaño en el Pleno municipal de su ayuntamiento tras las últimas elecciones locales.
El informe de la Consejería vasca de Interior se suma a los ya recibidos de los dos ayuntamientos en los que se negaba la asignación de dependencias a miembros de la formación ilegalizada.
La actividad de Batasuna se encuentra suspendida desde el pasado 17 de enero por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien al día siguiente de dictar su resolución comenzó a ordenar la clausura de locales del partido ilegalizado.