L D (EEF) según ha informado un portavoz de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, Pla, que se encontraba en la cárcel de Monterroso (Lugo), fue el primero en ser excarcelado, mientras que Lorente dejó la prisión de Teixeiro (La Coruña) pasadas las 19:00 horas de este jueves. Pedraz decretó libertad provisional para los etarras Ainara Esteran, Aitor Lorente y David Pla, acusados de asesinar en mayo de 2001 al senador del PP Manuel Giménez Abad.
Esta decisión contradice la de su compañero Baltasar Garzón. Según Pedraz no se cumplen los requisitos legales para mantener a los etarras en prisión, ya que, en su opinión, no existe riesgo de fuga ni de reincidencia. Según Pedraz, tampoco hay peligro de que los acusados oculten, alteren o destruyan pruebas, ni de que actúen contra bienes jurídicos de la víctima.
La excarcelación de los tres etarras decretada este jueves por Pedraz contradice la decisión tomada el pasado 25 de julio por Garzón. Al contrario que Pedraz, Garzón consideraba necesario el ingreso en prisión provisional de los tres terroristas porque, "de no hacerlo así, se puede correr el riesgo, más que evidente, de que (...) puedan sustraerse en forma inmediata o próxima a la acción de la Justicia ante la gravedad de la imputación (asesinato terrorista)".
Según Garzón, "pese a la exhaustiva documentación" desplegada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 para acordar la libertad de los imputados, "en el momento actual, y a la vista de las circunstancias y hechos indiciariamente acreditados, la prisión de aquellos era la opción más adecuada, al menos mientras se practiquen en forma urgente las diligencias que, necesariamente deben llevarse a cabo para garantizar una correcta instrucción de la causa".
Pruebas no concluyentes
Además de ordenar la prisión provisional de los tres etarras, Garzón también ordenaba la práctica de algunas diligencias para esclarecer los hechos, como la citación como testigo del hijo del senador asesinado, Borja Giménez, del inspector jefe del Grupo de Ciberterrorismo de la Policía, o la remisión de una comisión rogatoria a Francia para interrogar como imputada en el crimen a la etarra Nerea Garaizar, en prisión en Fresnes.
En su auto de archivo, Pedraz sostenía que las pruebas existentes no demostraban que los acusados habían facilitado información concreta sobre el senador del PP para que ETA atentase contra él, ya que ni siquiera identificaban a Giménez Abad por su nombre. Por el contrario, Garzón afirmaba que sí existían indicios suficientes de la participación de los imputados, a pesar de que no apareciese el nombre del parlamentario, ya que en reiteradas ocasiones ETA omite estas circunstancias en sus informaciones.
Asimismo, Pedraz afirmaba que los etarras ya habían sido condenados en junio de 2001 por facilitar información a ETA sobre posibles atentados. También aseguraba el magistrado que el senador había sido asesinado "muchos meses después" de la detención de Pla y Lorente, por lo que consideraba que esa información "anticuada" no podía haber sido la "base directa para el atentado". Por el contrario, Garzón sostenía que los 10 meses transcurridos entre el traslado de la información y el asesinato del parlamentario del PP no permitía calificar los datos de "anticuados o insuficientes, sino todo lo contrario".