L D (EFE) Las Islas acogen hasta la fecha a 660 menores, en su mayoría varones de dieciséis años procendentes de Marruecos, Senegal y Malí. Se teme que a finales de 2006 haya más de mil, lo que está sobrepasando su capacidad de acogida. Arregui ha explicado que, a diferencia de otras comunidades, en Canarias el Gobierno tiene la tutela sobre los niños pero la guardia y custodia depende de los cabildos, quienes han limitado a 250 el número de menores extranjeros no acompañados que pueden acoger. Pero desde marzo de este año se encuentran "absolutamente desbordados", ha señalado Arregui.
El Gobierno regional se ha visto obligado a habilitar "recursos de emergencias" para este fin en un centro dependiente de la Consejería de Industria en Gran Canaria, donde hay 110 menores, y en campamentos de la Cruz Roja y otro centro tecnológico en Tenerife. Pero, de continuar la llegada incesante de menores, habrá que poner en marcha otros recursos provisionales, "porque ya no tenemos prácticamente oferta alojativa y mucho menos de inserción" por parte de la Dirección General.
Además, ha explicado el director general, "los recursos en materia de menores están diseñados para proteger a niños en situación de desamparo, abandono o malos tratos", y con la llegada masiva de cayucos "hay más menores extranjeros que nacionales, lo que nos rompe las políticas de integración".
Entiende José Luis Arregui que "la única salida" para el Gobierno canario es plantear en septiembre, en el Consejo Superior de Inmigración, que el Estado lidere el reparto de unos 400 menores extranjeros acogidos en las islas "de forma proporcional" entre las comunidades autónomas, porque los inmigrantes "van a seguir llegando".
Cuando llegan a la mayoría de edad los chicos se envían a pisos tutelados por los cabildos para que se emancipen o busquen trabajo, pero no son devueltos a pesar de que Canarias pide a la Delegación del Gobierno que abra los correspondientes expedientes de repatriación.
El director general ha sostenido que no se ha procedido a repatriación alguna, "lo que es una responsabilidad grave" del Gobierno, cuya Delegación en Canarias "no está haciendo todo lo que tiene en su mano".