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Murcia, Valencia y Madrid buscan al ministro Caldera para coordinar la asistencia a los ilegales que llegan desde Canarias

Los Gobiernos de Murcia, Valencia y Madrid han pedido una entrevista "urgente" al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, –desaparecido durante toda la crisis– para coordinar la actuación de las administraciones central y autonómicas en la asistencia a los inmigrantes irregulares que llegan a España. Por su parte, el portavoz del Gobierno canario, Miguel Becerra, replicó a las autonomías que se han quejado por el traslado de extranjeros indocumentados que "los inmigrantes no son de Canarias", sino personas que llegan a España a través de las islas.

Los Gobiernos de Murcia, Valencia y Madrid han pedido una entrevista "urgente" al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, –desaparecido durante toda la crisis– para coordinar la actuación de las administraciones central y autonómicas en la asistencia a los inmigrantes irregulares que llegan a España. Por su parte, el portavoz del Gobierno canario, Miguel Becerra, replicó a las autonomías que se han quejado por el traslado de extranjeros indocumentados que "los inmigrantes no son de Canarias", sino personas que llegan a España a través de las islas.
L D (Agencias) El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, calificó de "drama humanitario" la situación generada con la llegada masiva de extranjeros a las costas canarias y su posterior traslado a la península. Valcárcel consideró muy necesario que se celebre ese encuentro lo antes posible porque –subrayó– en el caso concreto del Ejecutivo de Murcia el ánimo es de "cooperación".  "Con este asunto podríamos levantar el hacha de guerra y hacer causa política, pero estamos ante un problema humanitario y lo vamos a abordar desde la cooperación", aseguró el presidente, quien reprochó además al ministro Caldera que "sea el gran desaparecido".
 
Mientras tanto, el Gobierno valenciano ha pedido a Rodríguez Zapatero que convoque una reunión urgente con las autonomías y la Federación Española de Municipios y Provincias para abordar soluciones al "coladero" de inmigrantes ilegales en que, a su juicio, se ha convertido Canarias. La petición fue realizada por el vicepresidente del Consejo valenciano, Víctor Campos, quien consideró, en un comunicado, que el Ejecutivo central practica una "política de gobierno que consiste en una huida hacia delante para quitarse el problema temporalmente de encima".
 
"Las políticas actuales son claramente ineficaces, generan incertidumbre y rechazo social", señaló Campos, para quien los protocolos de actuación "están obsoletos y las soluciones, cuando se aplican, acaban siendo parches". En su opinión, el Gobierno "trata la inmigración ilegal como un mero trámite administrativo, en el que su única preocupación es dar papeles, ya sea para legalizar a los inmigrantes o para extraditarlos, o para trasladarlos a otras comunidades españolas diferentes a la que han llegado".
 
También  la Comunidad de Madrid se sumó a las críticas a través de su Consejera de Inmigración, Lucía Figar, que denunció la falta de información al Ejecutivo autonómico en los traslados de subsaharianos a la capital. En declaraciones a Europa Press, explicó que de los 11.000 inmigrantes que han trasladado de Canarias a la Península, 6.500 lo han sido a Madrid y que su Consejería sólo ha recibido información de la llegada de 2.800.
 
Según Figar, el Gobierno sólo informa a su departamento de los inmigrantes que trasladan a las ONGs que operan en la comunidad, pero no de los que llegan a los centros del Ministerio del Interior.Además, la consejera exigió una mejor redistribución de los indocumentados. Indicó que el Gobierno se justifica diciendo que sólo lleva a los inmigrantes a las autonomías donde tiene centros propios de Interior, pero Figar aclara que también son trasladados a ONGs y éstas las hay por toda España.
 
Para Canarias, son inmigrantes de toda España
 
El portavoz del Gobierno canario, Miguel Becerra, consideró que los inmigrantes "entran por aquí pero no son de aquí", se trata de una competencia estatal y el Ejecutivo debe abordar soluciones que afectan a su ámbito territorial. A su juicio, "bastante hace Canarias" con asumir la tutela y el mantenimiento de los menores extranjeros hasta que cumplan la mayoría de edad. Recordó que las islas tienen cinco centros de internamientos que albergan un total de 700 menores inmigrantes, con un coste anual de 30.000 euros cada uno, lo que supone 21 millones de euros al año.
 
Becerra opinó que el Gobierno español tiene que "dejar claro" que la inmigración es competencia suya y que distribuirá a los inmigrantes en su ámbito. Otra cosa es, prosiguió, si se cumple o no el protocolo -pues cada autonomía "tiene derecho" a exigir información sobre cuántos inmigrantes entran, permanecen o salen de su territorio-, o la política de localización de centros y si éstos se concentran en pocas comunidades.
 
Respuesta a las acusaciones llegadas desde Murcia
 
Por su parte, el delegado del Gobierno de Canarias, Ángel González, afirmó que, en contra de lo manifestado este martes por la consejera de Trabajo de Murcia, Cristina Rubio, el Ejecutivo "ni engaña ni oculta datos" sobre los vuelos en los que son trasladados inmigrantes a la Región desde Canarias. En una nota, negó que la Comunidad Autónoma hubiera tenido conocimiento "casualmente" de los 40 inmigrantes que llegaron a dicha región y, como prueba de ello, adjuntó copia del fax enviado a la Administración regional por el Ministerio de Asuntos Sociales, con fecha 21 de agosto, en el que comunica la llegada de los mismos.
 
Para González "es inadmisible que se quiera hacer creer a la opinión pública" que el Gobierno regional se enteró "por casualidad a través de un fax equivocado", y subrayó que la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración "comunica a la Comunidad Autónoma a la vez que a esta Delegación los vuelos de inmigrantes".

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