(Libertad Digital) La negociación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha mantenido en secreto. Todo apunta a que las conversaciones entre grupo terrorista y Ejecutivo llevan meses produciéndose. Zapatero no ha explicado en el Parlamento los términos del acuerdo, que se mantiene oculto. Pero se está produciendo en parte ante los medios de comunicación, como respuesta obligada a los pronunciamientos de ETA. El último episodio es la noticia con la que abre este miércoles el diario El País, que titula: “El Gobierno descarta el acercamiento de presos hasta que Batasuna se legalice”.
La información, filtrada por el Gobierno, da cuenta de las ofertas de Zapatero: “El Ejecutivo tiene perfilado un paquete de medidas penitenciarias que incluye el acercamiento de presos”. Pero advierte de que “no lo aplicará hasta que Batasuna no (sic) acate la Ley de Partidos”, a la que hizo referencia expresa Rodríguez Zapatero en su mitin de partido el pasado sábado. Esta condición del Gobierno a ETA consiste, nos dice El País, en que “se desmarque de la violencia y acepte las vías democráticas para el logro de sus objetivos políticos”. El lead de la información termina con la frase “El primer encuentro formal entre el Gobierno y ETA no se ha producido”. Si por “formal” entiende público, la frase puede entenderse como una confirmación de que los acuerdos “informales” se han estado produciendo.
La información filtrada por el Gobierno a El País revela que “La cúpula de Batasuna había admitido antes del verano acatar la Ley de Partidos mediante la presentación de unos nuevos estatutos y una nueva marca”, pero “en las últimas semanas la presión de las bases y las dudas jurídicas sobre el futuro de sus dirigentes les ha llevado a echarse atrás”. Lo que no dice la información es qué había ofrecido el Gobierno a ETA para que aceptara acatar la Ley de Partidos.
De acuerdo con la información de El País, “en conversaciones privadas, los líderes de Batasuna alegan que acatar la Ley de Partidos no garantiza su legalización, ya que está abierta otra vía, la penal, por la que se suspendió su actividad como partido en agosto de 2002, a través de un auto del juez Baltasar Garzón, meses antes de ser ilegalizado por el Gobierno en mayo de 2003”.
La información sigue precisando que, de acuerdo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero “el proceso sólo puede avanzar una vez que la izquierda abertzale” (en referencia a ETA-Batasuna) “sea legal”. Es decir, que ETA no podría conseguir sus objetivos políticos si no los busca por medio de un acuerdo político dentro de las instituciones. La fuente del Gobierno lo llama “la llave del proceso”.
Para que el Ejecutivo saque adelante la exigencia de ETA de una reagrupación de presos bajo control del Gobierno Vasco, necesita “una aceptación social y para ello el proceso de fin de la violencia debe tener un carácter irreversible”.