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El Gobierno estudia pedir más tiempo a la CE para responder al rechazo de las condiciones impuestas a E.On

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mantiene el plazo límite del 4 de septiembre para responder a la Comisión Europea en el caso E.On, pero se plantea pedir una prorroga de más días al Ejecutivo comunitario, según han informado fuentes diplomáticas. El portavoz de Competencia de la UE ha subrayado que aún no han recibido ninguna solicitud oficial pero, en caso de recibirla, la estudiarán para ver si está o no justificada.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mantiene el plazo límite del 4 de septiembre para responder a la Comisión Europea en el caso E.On, pero se plantea pedir una prorroga de más días al Ejecutivo comunitario, según han informado fuentes diplomáticas. El portavoz de Competencia de la UE ha subrayado que aún no han recibido ninguna solicitud oficial pero, en caso de recibirla, la estudiarán para ver si está o no justificada.
LD (Europa Press) El Ministerio de Asuntos Exteriores será, en última instancia, el encargado de hacer esta solicitud a Bruselas de ampliar el plazo, aunque, de momento, "se mantiene el 4 de septiembre para responder", precisaron las citadas fuentes.
 
La Comisión Europea ha asegurado que, a día de hoy, no ha recibido ninguna petición del Gobierno español para ampliar el plazo para responder a la carta que le remitió el pasado viernes, en la que consideraba ilegales las condiciones impuestas a la alemana E.On para adquirir Endesa.
 
"No hemos recibido ninguna petición para prorrogar el plazo", aseguró el portavoz de Competencia, Jonathan Todd, subrayando que tal solicitud debería presentarse por escrito. "Si la recibimos la estudiaremos cuidadosamente para ver si está justificada o no", añadió.
 
En su análisis preliminar, Bruselas concluyó que la mayoría de las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de E.On sobre Endesa vulneran la legislación comunitaria, en concreto la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento, y no están justificadas por razones de seguridad pública ni son proporcionadas.
 
Si los argumentos del Gobierno español no convencen al Ejecutivo comunitario, éste tomará una decisión jurídicamente vinculante que podría ser invocada por E.On ante los tribunales españoles. La Comisión ha advertido que esta decisión será una cuestión "de semanas más que de meses".

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