L D (Europa Press) La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó este martes por tres votos frente a dos hacer una declaración de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante las críticas que ha recibido, en las que se le acusa de haber hecho un "montaje" y formar parte de una "trama", por haber imputado un delito de falsedad a los tres peritos policiales que realizaron los informes sobre el hallazgo de ácido bórico en un piso franco de ETA y en el domicilio de uno de los procesados del 11-M.
Los vocales que han votado en contra de apoyar a Garzón son el presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, el portavoz del Consejo, Enrique López, y el también vocal de la mayoría conservadora, Carlos Ríos. Según López, la Permanente no podía apoyar una declaración en favor de Garzón, al menos de momento, porque el lunes mismo se abrió una información previa a este magistrado, a propuesta del vocal conservador, José Luis Requero, a la que este martes se ha unido un escrito de queja de dos de los peritos imputados y otro del sindicato de funcionarios Manos Limpias.
Por su parte, el vocal de la minoría progresista, Juan Carlos Campo, que pedía la aprobación de la declaración, junto al vicepresidente del Consejo, Fernando Salinas, y el también vocal de minoría progresista, Luis Aguiar, afirmó que el CGPJ se ha negado a defender la independencia judicial porque cuando se pone en entredicho la actuación de un juez se pone en entredicho la actuación de todo el sistema, lo que, en su opinión, es grave, cuando la principal función del órgano de gobierno de los jueces es velar por esta independencia.
El acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, "en relación con la propuesta de significar la improcedencia de las afirmaciones realizadas en distintos medios de comunicación a propósito de las recientes decisiones" de Garzón, dice constatar que "técnicamente" no se trata de un supuesto de solicitud de amparo de la independencia judicial, puesto que el juez aludido no lo ha solicitado.
"Decidir -prosigue el acuerdo- que, dado que existen elementos relevantes sobre este asunto, como la tramitación en curso de una información previa por parte del Servicio de Inspección, y la presentación de dos denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial por los mismos hechos, resulta aconsejable posponer cualquier acuerdo concreto sobre la petición de la propuesta presentada. Todo ello sin perjuicio de realizar, una vez más, una llamada a la prudencia en la crítica de las resoluciones judiciales."
La crítica no ampara los ataques personales
Los dos vocales de la minoría Juan Carlos Campo y Luis Aguiar, quienes proponían que el órgano de Gobierno de los jueces apoyara explícitamente a Garzón, de un modo similar a como se hizo el pasado 30 de mayo para salir al paso de las críticas realizadas contra el juez Juan del Olmo por el 11-M, presentaron un voto particular.
En su opinión, "la crítica hacia las resoluciones judiciales resulta siempre lícita y deseable en un Estado de Derecho, pero no permite ni puede amparar los ataques personales ni la deslegitimación de los jueces, titulares del Poder Judicial".
"En el supuesto concreto que motiva este acuerdo, la virulencia y gravedad de los insultos y descalificaciones vertidas contra el magistrado referido, resultan de todo punto rechazables desde la defensa objetiva del necesario respeto que merece el ejercicio de la función judicial y la confianza de los ciudadanos en la Justicia", señalan ambos vocales.
La excusa de la mayoría conservadora para no apoyar explícitamente a Garzón es que el Servicio de Inspección del Consejo abrió ayer una información previa, a instancias del vocal José Luis Requero, quien en un escrito de página y media pide que se investigue si la información aparecida ayer en el diario "El Mundo" sobre cómo realizó Garzón el interrogatorio a los peritos imputados es cierta o no.
Justificaba su petición en que se trataba de "un asunto que procesalmente se inició en la prensa y del que ésta hace un permanente seguimiento", por lo que "resulta especialmente relevante cómo sea la actuación de los órganos judiciales". Requero recordaba que, según la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, "el ciudadano tiene derecho a que su comparecencia ante un órgano de la Administración de Justicia resulte lo menos gravosa posible".
También insistía en que el exceso o abuso de autoridad del que se acusa a Garzón en la citada información es una infracción grave para un juez, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
"Total y absoluta falta de respeto"
A la información previa abierta se ha adherido el escrito presentado por dos de los tres peritos imputados, Manuel Escribano e Isabel López, en el que ponen de manifiesto "el humillante y vejatorio trato recibido" por parte del juez Garzón, quien, en su opinión, "exhibió una total y absoluta falta de respeto y abuso de autoridad" frente a ambos, durante su interrogatorio como testigos.
"Destacar el tono altivo del juez, su permanente atosigamiento y corrección tanto sobre el tono de nuestras palabras, como de nuestros gestos y caras. En una actitud soberbia y airada, impropia de cualquier funcionario y mucho más de un juez de la Audiencia Nacional. No podemos consentir que actitudes como ésta, desterradas en una democracia, se pavoneen en la sede de un Juzgado", afirman los peritos.
Los autores del informe sobre el ácido bórico también señalan que se les citó a declarar a las cinco de la tarde, se les interrogó como testigos de madrugada y les volvió a citar para el día siguiente a las 23.00 horas para un registro en las dependencias de la Policía Científica.
Al escrito de los peritos, que también dudan de la competencia de Garzón para imputarles un delito de falsedad, se ha sumado un escrito de Manos Limpias, en el que acusa al juez de haber cometido una falta muy grave de intromisión en la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado. Manos Limpias también se ha querellado en el Tribunal Supremo contra Garzón por prevaricación por los mismos hechos.
López Garrido habla de los "peones" del PP
Las críticas a esta decisión del CGPJ no han tardado en llegar desde el PSOE, que silenció que los mismos jueces que ahora reclaman amparo para Garzón se negaron a hacer algo similar cuando Grande Marlaska se convirtió en objetivo continuo de los ataques de El País.
Ahora el portavoz parlamentario socialista habla de que el PP ha recurrido "a sus peones" en el Poder Judicial con el objetivo de "frenar" y "torpedear" la investigación del juez Garzón. "Es una acción absolutamente intolerable y no podemos sino criticar que una minoría mayoritaria del Consejo conservadora actúe por intereses partidarios y políticos", ha apuntado López Garrido.