La inusual presencia de Olga Sánchez en el interrogatorio a los peritos

L D (Agencias) Con estos precedentes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha avalado en un escrito la actuación del juez Baltasar Garzón respecto a la toma de declaración a los tres peritos de la Policía Científica que relacionaron el 11-M y ETA. El escrito fue reclamado por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, a los dos fiscales que estuvieron presentes en las declaraciones, Olga Sánchez y Pedro Rubira.  Como no podía ser menos, en el escrito se asegura que las comparecencias se produjeron con todas las garantías y que no se vulneraron los derechos fundamentales. Cuando aún se estaba instruyendo el caso del 11-M, Olga Sánchez concedió entrevistas a diversos medios de comunicación, entre ellos Cuatro y Telecinco, donde hizo comentarios sobre los atentados.

 

Sin embargo, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Luis Requero dijo este martes en Murcia que "de ser ciertos los hechos publicados por el diario El Mundo sobre la forma en que transcurrió el interrogatorio a tres peritos del 11-M, el juez Baltasar Garzón podría haber violado sus derechos". Requero, que asistió en Murcia al acto de apertura del Año Judicial, dijo que el Consejo ha estimado su petición de abrir una investigación sobre el citado juez de la Audiencia Nacional sobre la forma en que se desarrolló el interrogatorio a los tres peritos, que habían sido citados como testigos.

El vocal del órgano de gobierno de los jueces añadió que "si se les tomó declaración en la forma en que se ha publicado, se podrían haber conculcado los derechos ciudadanos de estos testigos e incluso, posiblemente, la Ley Orgánica de Poder Judicial". En cuanto a la opinión de algunos medios periodísticos que lo definen como vocal afín al PP, Requero declaró que "yo ignoro cuál es la opinión de este partido sobre el tema que nos ocupa, me resulta indiferente, pero sí tengo muy claras cuáles son mis obligaciones como miembro del Consejo, por eso pedí la investigación que se ha acordado abrir".

 

 

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz elevó este martes a la sala de lo penal de este tribunal la cuestión de competencia planteada por los tres peritos de la Policía Científica, que pretenden que Baltasar Garzón deje de instruir el caso. Según informaron fuentes jurídicas, Pedraz -que sustituye a Garzón, quien se encuentra de permiso en Colombia- adoptó esta decisión en aplicación del artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) nada más tener conocimiento de la solicitud de los peritos, que alegan que el delito de falsedad no entra dentro de las competencias de la Audiencia Nacional.

Los peritos recuerdan también en su escrito que la sala de lo penal acordó la semana pasada remitir el asunto a los Juzgados de Madrid. El artículo 23 de la LeCrim establece que "si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el Juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el Tribunal superior a quien corresponda, el cual, previos los informes que estime necesarios, resolverá de plano y sin ulterior recurso".

La ley prevé que, en cualquier caso, mientras no haya una decisión sobre la competencia el juez instructor "seguirá practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia". En este sentido, Garzón ha citado para el próximo jueves a la coordinadora general de la plataforma España y Libertad, Yolanda Morín, para que ratifique la denuncia sobre la supuesta falsedad de los informes policiales realizados en torno al ácido bórico encontrado en el domicilio de Hassan El Haski, uno de los procesados por los atentados del 11-M.

Además, el día 18 tiene previsto tomar declaración, ya en calidad de imputados, a los tres peritos que admitieron haber falseado la fecha del informe en el que relacionaban el hallazgo de esa sustancia en la vivienda de El Haski con otras intervenciones del mismo producto en un piso franco de ETA en 2001 y en el domicilio de un "antisistema" en 1999. Los peritos, Isabel López, Manuel Escribano y Pedro Manrique, también han presentaron un recurso de reforma contra el auto en el que Garzón les imputó un delito de falsedad en documento público, castigado con entre 3 y 6 años de prisión, pero las fuentes consultadas consideraron dudoso que sea admitido ya que aún no están personados formalmente en la causa.