L D (Agencias) La resolución desestima el recurso de súplica interpuesto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la decisión de remitir a los juzgados madrileños los documentos que constaban en el Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular es Juan del Olmo, encargado de investigar los atentados contra los trenes de Cercanías. La Sala de lo Penal considera que la Audiencia Nacional sólo sería competente para investigar el delito de falsedad en documento público si fuese cometido por un terrorista o si su intención fuera facilitar la ejecución de una actividad terrorista o propiciar su impunidad.
Además, el tribunal asegura que, "aun admitiendo a efectos meramente dialécticos" la competencia de la Audiencia Nacional y "según los parámetros usados por el Ministerio Fiscal", correspondería al juzgado del juez Del Olmo investigar estos hechos, que fue quien instruyó los atentados del 11-M, y no al de su compañero Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. A pesar de que la Sala de lo Penal matiza que su auto se refiere "sólo y exclusivamente" a los documentos del juzgado de Del Olmo y no a la investigación que sigue Garzón por estos mismos hechos, agrega que "no es posible ignorar que las razones jurídicas" que se exponen en su resolución "son válidas para supuestos análogos".
Sin embargo, Garzón mantiene, de momento, la citación para declarar como imputados, por un delito de falsedad en documento público, de los tres peritos que realizaron el informe en el que se relacionaba con ETA el hallazgo de ácido bórico en la casa del procesado por el 11-M Hassan el Haski. Este juez se hizo cargo de la investigación sobre los informes porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional le remitió una denuncia interpuesta por la plataforma España y Libertad sobre estos hechos, puesto que este magistrado también investigaba a El Haski en la causa sobre los atentados cometidos en mayo de 2003 en Casablanca (Marruecos).
Por otra parte, fuentes jurídicas informaron de que la Sala de lo Penal de la Audiencia ha rechazado por un "defecto formal" la cuestión de competencia planteada por los tres peritos imputados, ya que éstos no han designado su abogado y procurador en la causa. Según estos tres imputados, el juez Garzón carece de competencia para investigar estos hechos.
Críticas a la Fiscalía
En su resolución, la Sala de lo Penal critica el recurso de súplica interpuesto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Así, señala que el Ministerio Público entregó "directamente" al juzgado de Garzón la denuncia interpuesta por España y Libertad, al entender, "con libérrimo criterio", que la competencia sobre este asunto pertenecía a este magistrado, en lugar de remitir el mencionado escrito al decanato de los Juzgados Centrales de Instrucción para que fuese repartida. Además, señala que, "bajo la cobertura de un recurso de súplica", el Ministerio Público plantea una "pseudocuestión de competencia en defensa de la que él predefinió", al remitir directamente al juzgado de Garzón la denuncia sobre la presunta falsificación de informes.
Asimismo, la Sala asegura que desconoce el contenido de esta denuncia, puesto que ni la Fiscalía se la ha remitido, ni el tribunal ha tenido acceso a ella. También asegura que el presunto delito de falsedad en documento público "no incide sobre la imputación que pesa sobre El Haski".
Por otro lado, la coordinadora general de la plataforma España y Libertad, Yolanda Morín, acudió este miércoles al juzgado de Garzón, donde presentó un escrito en el que asegura que este magistrado no es competente para investigar la presunta comisión de un delito de falsedad en documento público. Además, Morín anunció que su plataforma se querellará por prevaricación contra este juez y, quizás, contra la Fiscalía, si el magistrado mantiene su decisión de investigar la presunta falsificación de los informes del 11-M. En su opinión, Garzón intenta hacer "con la sociedad civil lo mismo que hizo con los peritos, nos está intentando amedrentar". "España y Libertad no lo va a consentir", sentenció.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 había citado a Morín para que le informase sobre si ratificaba la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por la plataforma. Según el escrito de España y Libertad, la ratificación ante el juzgado de Garzón de la denuncia "supondría un acto de pleno derecho", por lo que la plataforma lo hará ante el órgano judicial que estiman competente para investigar estos hechos, los Juzgados de Instrucción de Madrid.
El caso podría llegar al Supremo
De momento, Garzón no se ha pronunciado sobre la competencia de la Audiencia Nacional en este asunto, que, sin embargo, ha sido reclamada al magistrado por la titular del juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego. Garzón podría aceptar lo solicitado por la juez e inhibirse en su favor o bien negarse a ello. De decantarse el magistrado por lo segundo, la juez debería entonces plantear una cuestión de competencia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al tratarse del órgano superior para ambas jurisdicciones.
