(Libertad Digital) Tras el pormenorizado análisis de la situación en las Comunidades Autónomas, el responsable popular explicó que su partido ofreció consenso al Gobierno socialista –ante la evidencia de que había que tratar de mejorar la Ley– con los únicos requisitos de que se cumpliesen los trámites legales y los trámites lógicos: que se hiciese la evaluación formal que se preveía en la Ley, que se respetase que la reforma fuera de acuerdo con las CCAA, y que se hiciese una estimación económica “de lo que había significado la puesta en marcha de la Ley del Menor en estos años para todos y de las nuevas previsiones que se incorporasen a la Ley para que no fuesen obligaciones sobrevenidas a las CCAA”.
En este punto el líder popular fue claro: “Tengo que decirles que ni una sola de estas consideraciones ha sido cumplida por el Gobierno. Ninguna. No ha buscado el más mínimo diálogo con el PP; no ha buscado el acuerdo con las CCAA. Las comunidades autónomas acabaron levantándose hace ahora un año de las reuniones convocadas en el ministerio de Justicia. No ha realizado la evaluación exigida por la Ley. A día de hoy, si ustedes van al Gobierno y le piden díganos dónde está el documento donde se hace la evaluación, el documento no existe. Trabaja como trabaja este ministerio de Justicia sobre la base más absoluta de la frivolidad. Y no existe ni la más mínima noticia de una memoria económica de este proyecto de Ley que hemos solicitado por activa y por pasiva”.
Para Ignacio Astarloa, la reforma debería “responder a la situación de alarma social que ha generado el aumento de la delincuencia y fortalecer el sistema para que los objetivos que se persiguen con la Ley, (reeducación y reinserción de los jóvenes delincuentes) se potencien y
las capacidades de todas las administraciones públicas para atender as sus responsabilidades de reeducación y reinserción se multipliquen”.
Las peticiones no se recogen en la Ley
Para el secretario Ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia, el legislador socialista se niega a dar una solución y a asumir el compromiso de que las instituciones reeduquen y reinserten. Y es que, tal y como ha anunciado Astarloa, “el texto no ha recogido el clamor de muchas instituciones, especialmente de la Fiscalía General del Estado que han pedido que en la ley se incluya el tratamiento de los casos de especial gravedad o multirreincidencia cometidos por los menores de 12 y 13 años ni tampoco incluye en la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor “el agravamiento de las sanciones para los delitos más graves cometidos por menores”.
Además, Ignacio Astarloa ha explicado que el PP no comparte tampoco lo previsto por la Ley para los jóvenes de 18 a 21 años. El PP defiende que “cuando el condenado cumpla 18 años, el juez pueda decidir que ingrese en un centro penitenciario o que continúe la ejecución en el centro de menores, evaluando caso a caso. Pero defendemos que el menor que tenga 16 o 17 años al cometer los hechos, ingrese en prisión al cumplir los 18 años cuando, atendiendo al tiempo pendiente de cumplimiento, no vaya a ser posible la modificación de la medida antes del cumplimiento de 21 años. Y defendemos que el cumplimiento de los 21 años debe suponer, salvo las excepciones extraordinarias que decreten los jueces, el ingreso en prisión de quien no haya finalizado el cumplimiento de la
medida de internamiento”.
Por no aceptar propuestas, ha dicho Astarloa, ni siquiera ha aceptado lo siguiente: “que los menores que pertenezcan o actúen al servicio de una banda, organización o asociación no podrán cumplir la medida impuesta en un mismo centro, teniendo que designarles a cada uno un centro distinto. Ni eso ha sido capaz de este Gobierno de valorar cuando al mismo tiempo va diciendo por ahí que quiere modificar el Código Penal porque sabe que uno de los problemas principales que tiene este país son las bandas y las redes organizadas”.
Además, en el apartado de financiación, la conclusión, según las manifestaciones del secretario Ejecutivo del PP, no pueden ser peores: “Esta ley nace incapaz de ser aplicada porque el Gobierno no ha querido acometer la necesidad de financiación que tiene que acompañar esta ley. Y se ha negado por activa y por pasiva, y sigue negándose a día de hoy”.
Ignacio Astarloa ha concluido aludiendo a una enmienda presentada por el PP que insta al Gobierno a que “dentro del plazo de dos meses de la publicación de esta Ley Orgánica en BOE adoptará, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, las resoluciones necesarias para hacer efectivo el régimen de financiación que requiere la ejecución de las medidas previstas en la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores”.
Astarloa recordó que sólo en el año 2004 los juzgados de menores tuvieron que adoptar medidas sobre 20.436 casos y que la estimación con la nueva ley es que se encarguen de 61.594, es decir, el triple. "De golpe el Gobierno acumula el triple a las cifras ya existentes de personas que tienen que ser atendidas por el sistema y por las Comunidades Autónomas" sentenció. "Y eso es en medidas, es decir, los ya condenados". En cuanto a las detenciones, se produjeron 23.123 entre 14 y 18 años, mientras que de entre 18 a 20 fueron 43.357.