L D (Europa Press) En dicho documento, al que tuvo acceso Europa Press, el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero afirma que ha dado "cumplimiento a las recomendaciones de las comisión de investigación del 11 de marzo, aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del día 30 junio de 2005, tanto en materia de atención a las víctimas del terrorismo, como en lo relativo a la mejora de la seguridad del Estado frente al terrorismo internacional".
El documento de recomendaciones que aprobó la comisión de investigación el 8 de marzo de 2005, con motivo del primer aniversario de la masacre, y que ratificó el Pleno del Congreso el 30 de junio, enumeraba más de 130 medidas para mejorar la seguridad del Estado ante la amenaza terrorista y para profundizar en una más eficaz atención a las víctimas y sus familias.
El texto, promovido por el PSOE y las minorías (CiU, ERC, PNV, IU-ICV y Mixto) y cuya redacción llegó a conocer tres versiones, comenzaba con más de una veintena de medidas en apoyo de las víctimas y sus familias, incluyendo la unificación de la legislación al respecto.
En materia de seguridad, se abogaba por ampliar los efectivos policiales y por acrecentar su especialización y coordinación, prometiéndose una comparecencia periódica ante la Comisión de Secretos del responsable del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Igualmente, se defendía la dispersión de presos incursos en causas de terrorismo islamista "cuando existan indicios fehacientes de que en las prisiones se están conformando células terroristas".
Además, se reclamaban jueces y fiscales especializados en terrorismo internacional, un fiscal europeo para la lucha antiterrorista, un banco judicial de datos sustentado con información de las Fuerzas de Seguridad y hasta se aconsejaba construir un edificio judicial específico para albergar los tribunales dedicados a la investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas.
Año y medio después, el Gobierno detalla el cumplimiento de medidas relativas a las ayudas y pensiones a las víctimas, la agilización de los trámites para la adquisición de la nacionalidad y de los permisos de residencia o trabajo, así como la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) o la constitución del Comité Ejecutivo del Mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Asimismo, indica que ha puesto en práctica un sistema de bases de datos policiales de acceso conjunto y compartido, y ha aprobado la Ley por la que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de Eurojust. Finalmente, recuerda que ha elaborado un nuevo plan operativo de lucha contra el terrorismo, que, entre otros objetivos, incide en la especialización policial para maximizar las capacidades de inteligencia y la prevención.
Ayudas económicas a las víctimas
En el mismo informe remitido ahora al Congreso, el Ejecutivo destaca su compromiso con las víctimas y sus familias. Así, recuerda que en los Presupuestos Generales del Estado para 2005 se incluyeron 600.000 euros, frente a los 240.000 del año anterior y en los de 2006 esa partida se elevó a 870.200 euros.
Señala, además, que la Fundación de Víctimas del Terrorismo ha concedido 642 ayudas económicas, destinadas a distintos conceptos asistenciales, por importe de 1.172.283 euros. En el área de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, el importe total de los expedientes resueltos a favor de las víctimas del 11-M alcanza hasta el mes de junio de 2006 un importe de 61.602.652 euros. Esta cuantía no incluye las indemnizaciones por daños materiales ni otras que concede Interior como ayudas médicas, prótesis, ayudas al estudio, etc.
El volumen de recursos destinados a resarcir a las víctimas del terrorismo en el 2005 fue de 21.603.089 y 567.953 euros destinado a subvenciones a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, añade el citado informe.