L D (EFE) Los nombres de los políticos y empresarios franceses aparecieron en listados falsificados de supuestos titulares de cuentas en la sociedad financiera luxemburguesa Clearstream.
El primer ministro ha reconocido que encargó una investigación confidencial sobre Clearstream en enero de 2004, cuando era ministro de Exteriores, pero ha desmentido rotundamente que esas pesquisas fueran dirigidas contra Sarkozy u otros políticos. Cuando unos meses después asumió las riendas del Ministerio de Interior, en sustitución de Sarkozy –quien tomó la cartera de Economía y Finanzas–, Villepin encargó otra investigación sobre el mismo asunto a los servicios secretos dependientes de ese departamento, la DST.
Para citar a Villepin, los jueces Jean-Marie d'Huy y Henri Pons tienen dos posibilidades: llamarle como simple testigo, lo cual está subordinado a una autorización formal del consejo de ministros, o bien como "testigo asistido" por un abogado. Esta segunda fórmula no necesita ninguna autorización formal, pero supone haber reunido índices que hagan suponer que la persona citada haya podido participar, como autor o como cómplice, en la comisión de la infracción investigada por los jueces.
Una convocatoria como "testigo asistido" equivaldría, según la jurisprudencia, a una especie de inculpación, y la única autorizada a investigar y eventualmente juzgar infracciones o delitos cometidos por un ministro en el ejercicio de sus funciones es la Corte de Justicia de la República.
La Dirección General de la Seguridad Exteriores (DGSE, que equivale a la DST, pero depende del Ministerio de Defensa) ya había concluido en julio de 2004 que los listados falsificados de Clearstream habían sido "un intento de manipulación de la justicia", según una nota interna que está en poder de los jueces D'Huy y Pons y que ha sido desvelada también este miércoles por Le Monde. Pese a esta advertencia y a otra similar del general Philippe Rondot –a quien Villepin había encargado la investigación confidencial cuando era ministro de Exteriores–, éste encargó a la DST que abriese pesquisas sobre los listados de Clearstream. La DST nunca fue informada de las conclusiones de la DGSE, según Le Monde.
El primer ministro ha reconocido que encargó una investigación confidencial sobre Clearstream en enero de 2004, cuando era ministro de Exteriores, pero ha desmentido rotundamente que esas pesquisas fueran dirigidas contra Sarkozy u otros políticos. Cuando unos meses después asumió las riendas del Ministerio de Interior, en sustitución de Sarkozy –quien tomó la cartera de Economía y Finanzas–, Villepin encargó otra investigación sobre el mismo asunto a los servicios secretos dependientes de ese departamento, la DST.
Para citar a Villepin, los jueces Jean-Marie d'Huy y Henri Pons tienen dos posibilidades: llamarle como simple testigo, lo cual está subordinado a una autorización formal del consejo de ministros, o bien como "testigo asistido" por un abogado. Esta segunda fórmula no necesita ninguna autorización formal, pero supone haber reunido índices que hagan suponer que la persona citada haya podido participar, como autor o como cómplice, en la comisión de la infracción investigada por los jueces.
Una convocatoria como "testigo asistido" equivaldría, según la jurisprudencia, a una especie de inculpación, y la única autorizada a investigar y eventualmente juzgar infracciones o delitos cometidos por un ministro en el ejercicio de sus funciones es la Corte de Justicia de la República.
La Dirección General de la Seguridad Exteriores (DGSE, que equivale a la DST, pero depende del Ministerio de Defensa) ya había concluido en julio de 2004 que los listados falsificados de Clearstream habían sido "un intento de manipulación de la justicia", según una nota interna que está en poder de los jueces D'Huy y Pons y que ha sido desvelada también este miércoles por Le Monde. Pese a esta advertencia y a otra similar del general Philippe Rondot –a quien Villepin había encargado la investigación confidencial cuando era ministro de Exteriores–, éste encargó a la DST que abriese pesquisas sobre los listados de Clearstream. La DST nunca fue informada de las conclusiones de la DGSE, según Le Monde.