L D (EFE) La decisión de la juez Gallego tiene como objetivo poder resolver el recurso presentado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique contra el auto de imputación que Garzón dictó contra ellos a finales del pasado mes de septiembre antes de inhibirse en la investigación de esta causa en favor de los juzgados ordinarios de instrucción. El levantamiento parcial del secreto se produce exclusivamente sobre la parte de las declaraciones que afectan al recurso contra la imputación por falsedad documental, informaron hoy fuentes jurídicas, lo que posibilitará el conocimiento de estos testimonios por el resto de partes personadas en el procedimiento.
Antes de dictar una resolución sobre la situación procesal de los peritos, la juez Gallego, que instruye una querella presentada contra los superiores jerárquicos de estos agentes, deberá tener en cuenta los informes que presenten cada una de las partes personadas, que son la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M (que fue la que interpuso la querella), la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Ministerio Fiscal.
La instructora número 35 de Madrid interrogó en calidad de testigos a Escribano y López Cidad el pasado 6 de octubre, y aún tiene pendiente tomar declaración a Manrique, cuya comparecencia quedó en suspenso para que la magistrada pudiera estudiarse la documentación que le fue remitida por la Audiencia Nacional tras la inhibición por parte del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
A pesar de inhibirse en este asunto y de carecer de competencias para ello, Garzón dictó el pasado día 10 un auto en el que concluía que las referencias al hallazgo de ácido bórico en un piso de ETA en el informe pericial presuntamente falso que elaboraron Escribano, López Cidad y Manrique sobre el 11-M "no respondía al interés de sugerir la investigación de hechos relacionados, ya que eran inexistentes, sino generar una apariencia sin sustento real alguno, que vinculara a la organización terrorista ETA con los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid". En el mismo auto el juez consideraba que los mandos habían suprimido "muy oportunamente" esta referencia.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 incluyó estas afirmaciones en el auto en el que rechazaba ampliar la acusación contra El Haski, en cuyo domicilio se encontró el ácido bórico, por la presunta vinculación de este hallazgo con los atentados perpetrados en Casablanca en 2003. Concluía que esta sustancia, "utilizada para matar cucarachas", carece de relevancia para imputar a nadie un delito de tenencia de explosivos.