LD (Europa Press) Según el abogado Salvador del Rey, autor del informe jurídico realizado, no se puede considerar legal un expediente de regulación que contempla un despido colectivo "fundamentado en un único criterio como es la edad y una consecuente prejubilación forzosa".
"Esta medida no se atiene a la normativa comunitaria y laboral, y atenta contra la prohibición constitucional y legalmente contemplada de discriminación por razón de edad", de ahí que el acuerdo "no fundamente ni explique" las razones organizativas y económicas que justifican la totalidad de las extinciones, explicó el letrado.
Las extinciones afectarán "esencialmente a trabajadores mayores de 52 años", incluyendo el despido de 4.160 trabajadores en los próximos dos años, según apuntó por su parte Miguel Ángel Pérez Marqués, presidente de esta asociación que engloba en torno a unos 700 trabajadores del ente público. Asimismo, considera que una forma de reducir "los riesgos de corrección jurídica" del ERE pasaría por convertir la extinción de la relación laboral de los trabajadores de más de 52 años "en una medida voluntaria en lugar de forzosa".
De hecho, en caso de aprobarse definitivamente las condiciones del plan de saneamiento, los trabajadores afectados podrían pedir la impugnación del expediente de regulación para que se declarase nulo, ya que debe haber "otros criterios funcionales además de la edad", afirmó Salvador del Rey.