L D (EFE) El pasado mes de junio la Comisión de Peticiones ya acordó ir trasladando al Ministerio de la Presidencia todas las peticiones que había recibido la citada comisión sobre la crisis de estas empresas de inversión en bienes tangibles. Ahora, se han adjuntado aquellos otros escritos que han llegado a la Cámara entre el 9 y el 28 de septiembre.
Los afectados argumentan que "los graves sucesos" acaecidos en torno a Fórum Filatélico y Afinsa "llenan de gran y comprensible inquietud a cientos de miles de ciudadanos" que invirtieron ahí sus ahorros y que siguen el caso con una "total incertidumbre", entre otras cosas por "el incomprensible silencio y la pasividad demostrada por los poderes públicos".
Estos denunciantes recuerdan que el negocio de comercialización de sellos y otros bienes tangibles "es una actividad legalmente reconocida" y consideran que "no cabe duda" de que el Ministerio de Sanidad y Consumo es la institución a la que corresponde su control.
En su relato de hechos, los afectados recuerdan que un decreto de 2005 hablaba del desarrollo normativo de otros tipos de instituciones de inversión colectiva no financieras, entre las que cabría encuadrar los sellos, y que ese desarrollo "nunca se produjo". "La desidia e inactividad mostrada por la Administración se ha tornado en fatal desprotección de esa clientela y se revela inaceptable en un poder público", insisten.
A su juicio, la sociedad española "no puede permitir en modo alguno una inhibición manifiesta de sus gobernantes en la resolución de situaciones de graves crisis nacionales" y por ello reclaman, en primer lugar, la creación de una comisión de investigación en el Congreso.
Comisión de investigación
Según apunta, esa comisión parlamentaria deberá "esclarecer, dilucidar y, en su caso, depurar las responsabilidades" imputables a la Administración, y en concreto al Ministerio de Sanidad, "por su inactividad y dejación de funciones a la hora de desarrollar la normativa de protección de los intereses de los clientes de las empresas de inversión en bienes de colección".
Asimismo, los afectados por la estafa filatélica aprovechaban el ejercicio del derecho de petición para reclamar también al Gobierno socialista que conteste a su exigencia de explicaciones.
Esta semana, el presidente de la Comisión de Peticiones, el socialista Jordi Marsal, ha remitido un escrito al presidente del Congreso, Manuel Marín, comunicándole el acuerdo adoptado en junio de trasladar las peticiones de los afectados al Ministerio de la Presidencia, "solicitando la emisión de informe urgente".