L D (Europa Press) Al hilo del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), según el cual la inmigración es por primera vez la principal preocupación de los españoles, por encima del desempleo, el acceso a la vivienda o el terrorismo, Figar atribuyó este cambio de opinión a la política del presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero.
"Es el caos, la ineficacia y la sensación de descontrol, y de que a España están llegando ilegales por tierra, mar y aire, lo que está dando lugar a una sensación de desasosiego en la población, y mucho nos tememos que también hará crecer los índices de alarma social y xenofobia", insistió.
Unos 400.000 empadronados irregulares
Según sus datos, de los aproximadamente 950.000 extranjeros que figuran empadronados en la Comunidad de Madrid, alrededor de 400.000 están en situación irregular. "Y la bolsa va creciendo", avisó.
Opina que tanto la continuidad de los "vuelos de la vergüenza" como la posibilidad de crear más centros de internamiento en Canarias son "pasos que no juegan a favor" de frenar la llegada de cayucos, sino de todo lo contrario. Para ella, "no está funcionando la solución de raíz", es decir, combatir la actividad de las mafias, que cese la tragedia humanitaria en el Atlántico.
La consejera madrileña de Inmigración entiende que ampliar el periodo de estancia de los extranjeros irregulares en los centros de internamiento (actualmente es de 40 días) "puede valer", pero que ello "podría no ser necesario" si hubiera una política eficaz de repatriaciones y "una verdadera lealtad y colaboración" entre los gobiernos de los países afectados. Por ello, es muy crítica con que el Gobierno central no haya firmado ni un solo convenio de repatriación con países emisores de emigrantes que vienen a España.
Fondo estatal anual
Por otro lado, la titular de Inmigración del Gobierno de Esperanza Aguirre exige que el fondo estatal anual que reciben las comunidades autónomas para la acogida de inmigrantes se gestione de manera "más ágil" en vista de que, por ejemplo, de los "escasos" 40 millones que le corresponden a Madrid en 2006, aprobados en febrero en Consejo de Ministros, "el primer euro" no llegó hasta septiembre y, a día de hoy, falta que se haga efectiva la recepción de aproximadamente el 25 por ciento.
La consejera subrayó que la Comunidad de Madrid está siendo "vanguardista" al trabajar en origen con Marruecos en la construcción de dos centros de menores, uno en Tánger, que será inaugurado antes del próximo mayo y otro en Marrakech, cuya apertura se prevé para finales de 2007 o principios de 2008.
Son proyectos ejecutados a tres bandas, el Gobierno regional aporta un millón de euros; la Unión Europea 3 millones y el Gobierno marroquí cede los terrenos, pensados para que el menor llegado a Madrid vuelva junto a su familia, pero si ésta no en disposición de acogerle o está desestructurada, permanezca en un centro de protección al menor en su país.
Figar no descarta extender esta colaboración en origen a otros países, si bien explicó que de momento se hace con Marruecos porque la mayoría de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a la Comunidad de Madrid son de allí y también porque con ese país está en vigor un convenio general de colaboración en materia de flujos migratorios, cosa que no ocurre con Senegal o Mali, que es "de donde vienen ahora los menores".
"Complicaciones" en el reparto de menores en canarias
Respecto a la intención del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de distribuir entre Comunidades Autónomas a los inmigrantes menores no acompañados que exceden de la capacidad de acogida de Canarias, la responsable madrileña precisa que el asunto lo está negociando la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, pero dice tener constancia de la existencia de "complicaciones".
En concreto, apunta que la red de protección al menor de la Comunidad de Madrid "está al límite como para recibir de forma inmediata" a menores desde Canarias y que el coste que ofrece el Ministerio para asistir a cada uno de ellos, fijo para todas las CC.AA., es de 80 euros al día, "sensiblemente menor" que los 112 euros que dedica esta comunidad autónoma por menor atendido no acompañado.
Figar advierte también "alguna complejidad jurídica" derivada del Estatuto de Autonomía de Madrid, que obliga a que, para el traslado de la tutela de una comunidad a otra, haya un acuerdo de la Asamblea. "No tenemos precisamente el sistema más ágil o eficaz para hacer frente a una necesidad de este tipo", reconoce.