L D (Europa Press) En los autos en los que dispone la prisión de ambos imputados, el juez señala que "por el momento, sólo aflora y se hace evidente que dispusieron de unos 900.000 euros, bloqueados finalmente en el banco de Sabadell Andorrano, en una cuenta de la que dispone el señor Torrejón, pero cobra plena credibilidad que otros 900.000 euros no han aflorado, cantidad de la que se desconoce el reparto que pudo hacerse entre los imputados, por lo que no es descartable, en absoluto, que uno de ellos disponga de su totalidad o de buena parte de la misma, dada la connivencia absoluta que se presume".
Tampoco es descartable en absoluto que la ejecución del contrato por el que presuntamente se fijaba una comisión de 40 millones de euros a cambio de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Ciempozuelos "hubiere supuesto mayor disponibilidad económica que la hasta ahora descubierta, dado el montante total de la operación, 40 millones de euros, por lo que el riesgo de evadir la acción de la justicia es evidente".
Se justifica la prisión
En los autos, a los que tuvo acceso Europa Press, el juez justifica la prisión preventiva para los ex alcaldes de Ciempozuelos Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón en la gravedad de los hechos presuntamente delictivos que se atribuyen a ambas personas, en el riesgo de fuga existente y en evitar que se pueda ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba.
En sendos autos emitidos por el juez en Valdemoro se indica que en el Juzgado se presentó denuncia y posterior querella por parte del Colectivo de Funcionarios Manos Limpias contra Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, contra la ordenación del territorio, cohecho, delito fiscal y blanqueo de capitales. A raíz de denuncia, se recabaron las diligencias preliminares que practicaba la Fiscalía Especial Anticorrupción quedando unidas a las actuaciones. Después de oír en declaración de imputado a los dos ex alcaldes se decretó su prisión comunicada eludible bajo la prestación de fianza de 900.000 euros.
El juez indica en sendas resoluciones que para decretar la prisión preventiva es necesario que se den una serie de requisitos entre los que se establecen, en síntesis, la constancia de que existan hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a los dos años de prisión; que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión; y que mediante la prisión provisional se persiga conjurar el riesgo de fuga, evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba.
Necesarias medidas cautelares
El juez entiende que en este caso concurren los presupuestos legales y jurisprudenciales que hacen necesaria la adopción de la medida cautelar de prisión preventiva que se ha solicitado, ya que existen motivos bastantes para creer responsable a los imputados Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón al menos de los delitos de blanqueo de capitales y cohecho en un grado pendiente de determinar, cuya penalidad puede exceder del límite punitivo previsto como requisito legal.
Existen auténticos elementos probatorios, por propia confesión, para entender que los dos ex alcaldes ingresaron y dispusiera de elevadas cantidades de dinero (106.000 euros en el caso de Tejeiro y 811.500 en el de Torrejón), en una cuenta en el Principado de Andorra, que fue abierta el 4 de febrero de este año. La entidad bancaria presentó una declaración de sospecha a la Unitat de Prevenció del Blanqueo del Principado.
Los imputados ocultaron su condición de alcalde y ex alcalde
Para justificar el origen de aquellos fondos se presentó y envió desde el número de fax 91 893 22 35 –que corresponde a la empresa Pradogest SL con el mismo domicilio que el del coimputado Pedro Torrejón en Ciempozuelo– un contrato firmado entre Joaquín Tejeiro, ex alcalde de Ciempozuelos y la entidad Esprode SL. Ambos imputados siempre ocultaron ante las entidades bancarias su condición de alcalde y ex alcalde (en aquel momento), respectivamente. En el contrato se establece un total de 40 millones de euros por las gestiones del ex alcalde Joaquín Tejeiro, conducentes a la recalificación de terrenos en el denominado Sector 2 Residencial de Ciempozuelos a favor de Esprode. También se establece como condición que el Plan General fuera aprobado definitivamente antes del 26 de mayo de 2006. Según se publicó, el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana se aprobó por el pleno Municipal el 25 de mayo de 2006.
En este sentido es muy relevante que, como resultado a la Comisión Rogatoria enviada por este Juzgado a Andorra –se indica en los autos del juez de Valdemoro– un empleado de la entidad declarase que el origen de ese dinero proviene, según las dos personas que abrieron la cuenta, de dicho contrato y que se esperaba recibir hasta 1.800.000 euros, cantidad que se corresponde con el pago en metálico al tiempo de la aprobación provisional del Plan General de Ciempozuelos.