L D (Agencias) Aunque la juez Gallego dejó si efecto su personación en el caso hasta que justifique en concepto de qué lo hace, la Abogacía del Estado recurrió este lunes la decisión de la juez de Madrid Gemma Gallego de anular la imputación por falsedad que hizo el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a los tres peritos que elaboraron un informe sobre el ácido bórico en el que se relacionaba a ETA con los atentados del 11-M.
En su recurso de apelación, al que tuvo acceso la agencia Efe, los servicios jurídicos del Estado consideran que la magistrada titular del juzgado de instrucción número 35 de Madrid "se limita" a dejar sin efecto una imputación formal pero "sin especificar" si se acuerda el sobreseimiento respecto de los tres peritos, Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique. El abogado del Estado señala que "se está en posición de poder afirmar que existen determinados extremos que han de ser aclarados durante la instrucción y que afectan directamente a las personas respecto de las cuales se deja sin efecto la imputación, y muy singularmente al Sr. Escribano".
Además, los servicios jurídicos del Estado entienden que la declaración que los tres peritos prestaron ante la juez Gallego en calidad de testigos, cuando previamente se encontraban imputados en la causa que instruyó Garzón, es "nula de pleno derecho por no haberse respetado el derecho a la tutela judicial efectiva de los mismos y su derecho de defensa". Por ello, en su recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid plantea la nulidad de dichas declaraciones y solicita que las presten en calidad de imputados.
La juez Gallego dejó sin efecto la imputación de los peritos, tras resolver el recurso que éstos presentaron contra la decisión de Garzón, al considerar que no se dan las circunstancias que definen la falsedad documental.
Los tres peritos que entraron en el despacho de Garzón como testigos y salieron como imputados, fueron interrogados durante horas por el magistrado de la Audiencia Nacional, que finalmente se tuvo que inhibir por falta de competencias. Tras un durísimo interrogatorio, según han denunciado los peritos, que concluyó a los dos de la madrugada, Garzón les imputó por un delito de falsedad porque supuestamente habían firmado el pasado mes de julio un informe elaborado el 21 de marzo de 2005, en el que se relacionaba el 11-M y ETA a partir del hallazgo de ácido bórico en la vivienda de uno de los procesados por los atentados del 11-M, Hassan El Haski, y en el piso franco de unos etarras en 2001. Garzón, por el contrario, exculpaba a sus superiores la cúpula de la policía científica.
La juez Gallego explica en su auto que la falsedad documental se produce cuando resultan afectadas algunas de las funciones esenciales que cumple un documento y subrayaba que "ninguna de las funciones del documento de referencia resultó afectada por la conducta observada por los peritos". El pasado viernes la juez Gallego concluyó la instrucción del caso con la decisión de llevar a juicio a los cuatro mandos policiales de los tres peritos –exculpados por Garzón– acusados por un delito de falsedad documental y de falso testimonio.
En su recurso de apelación, al que tuvo acceso la agencia Efe, los servicios jurídicos del Estado consideran que la magistrada titular del juzgado de instrucción número 35 de Madrid "se limita" a dejar sin efecto una imputación formal pero "sin especificar" si se acuerda el sobreseimiento respecto de los tres peritos, Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique. El abogado del Estado señala que "se está en posición de poder afirmar que existen determinados extremos que han de ser aclarados durante la instrucción y que afectan directamente a las personas respecto de las cuales se deja sin efecto la imputación, y muy singularmente al Sr. Escribano".
Además, los servicios jurídicos del Estado entienden que la declaración que los tres peritos prestaron ante la juez Gallego en calidad de testigos, cuando previamente se encontraban imputados en la causa que instruyó Garzón, es "nula de pleno derecho por no haberse respetado el derecho a la tutela judicial efectiva de los mismos y su derecho de defensa". Por ello, en su recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid plantea la nulidad de dichas declaraciones y solicita que las presten en calidad de imputados.
La juez Gallego dejó sin efecto la imputación de los peritos, tras resolver el recurso que éstos presentaron contra la decisión de Garzón, al considerar que no se dan las circunstancias que definen la falsedad documental.
Los tres peritos que entraron en el despacho de Garzón como testigos y salieron como imputados, fueron interrogados durante horas por el magistrado de la Audiencia Nacional, que finalmente se tuvo que inhibir por falta de competencias. Tras un durísimo interrogatorio, según han denunciado los peritos, que concluyó a los dos de la madrugada, Garzón les imputó por un delito de falsedad porque supuestamente habían firmado el pasado mes de julio un informe elaborado el 21 de marzo de 2005, en el que se relacionaba el 11-M y ETA a partir del hallazgo de ácido bórico en la vivienda de uno de los procesados por los atentados del 11-M, Hassan El Haski, y en el piso franco de unos etarras en 2001. Garzón, por el contrario, exculpaba a sus superiores la cúpula de la policía científica.
La juez Gallego explica en su auto que la falsedad documental se produce cuando resultan afectadas algunas de las funciones esenciales que cumple un documento y subrayaba que "ninguna de las funciones del documento de referencia resultó afectada por la conducta observada por los peritos". El pasado viernes la juez Gallego concluyó la instrucción del caso con la decisión de llevar a juicio a los cuatro mandos policiales de los tres peritos –exculpados por Garzón– acusados por un delito de falsedad documental y de falso testimonio.