L D (EFE) La Junta ha anunciado estas medidas ante diversas resoluciones de la Sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitidas a raíz de los 430 recursos del Ejecutivo andaluz entre 1995 y 2006 contra decisiones tanto de los equipos de gobiernos de Marbella del Grupo Independiente Liberal (GIL), que creó el fallecido el ex alcalde marbellí Jesús Gil, como de los formados por sus sucesores.
Se pide demoler cuatro de los nueve edificios de la urbanización Playa Golf Río Real, 238 viviendas, aparcamientos y locales de la urbanización Banana Beach, seis pareados construidos por Moansa S.L. en Huerta Belón, 35 viviendas en un edificio que levantó Magma S.L. en la Avenida del Trapiche y 24 apartamentos, aparcamientos y piscina en la urbanización Cerrado de Elviria, ejecutados en zona verde en el Parque del Arroyo de la Víbora. También se reclama derruir una vivienda en suelo no urbanizable protegido forestal de la zona de Manchones Altos que hizo Propiedades Jarpa S.L. y una nave industrial de materiales de construcción en la finca La Juanita, en suelo de equipamiento, según el director de la Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella de la Junta, José María Ruiz Povedano.
La Junta solicitó inscribir en el registro las sentencias de nulidad de la licencia de 13 viviendas unifamiliares en el suelo no urbanizable de protección forestal conocido como "Siete Colchones" a favor de Invest Arcela, S.L. (declarada ilegal este año tras un recurso de 2003) y el permiso del edificio de almacenes, oficinas y garaje promovido por Bruna, S.A. en suelo urbanizable no programado.
El gabinete jurídico de la Junta ya solicitó la ejecución por demolición de las sentencias, tras lo que el TSJA tendrá que actuar, según el responsable de la Oficina, que aludió al artículo 117 de la Constitución y a que la ley prevé poder pasar a cumplir un fallo judicial transcurridos dos meses de la comunicación de la sentencia. Explicó que las resoluciones dan la razón a la posición de la Junta, que cree que las licencias dadas por los últimos gobiernos de Marbella para edificaciones privadas eran en terrenos destinados en el Plan de Ordenación Urbana vigente, el de 1986, a equipamientos públicos y espacios libres públicos (sistemas generales o locales).
Respecto a la urbanización Playa Golf Río Real, los edificios que se pide demoler (números 6, 7, 8 y 9) incumplen la norma al ocupar zona verde, equipamiento deportivo y equipamiento cultural con protección arqueológica, por lo que impugnaron la licencia en 1998 y solicitaron la medida cautelar de su suspensión, que fue denegada. El TSJA dio hace menos de un año la razón a la Junta sobre ello en una resolución que indica, según Ruiz, que "la licencia se otorga sin someterse a ningún planeamiento vigente, al contravenir el de 1986, y vulnerando el ordenamiento jurídico directa e inmediatamente aplicable", por lo que es considerada "contraria a Derecho".
Alguno de los apartamentos que se piden demoler en este complejo se venden por 1.980.000 euros (329,4 millones de pesetas). En el caso de "Banana Beach", que se vio también por la vía penal, se determinó ilegal la licencia del edificio, impugnada en 1999 al estar en zona de sistema general de áreas libres. Sobre los pareados de Moansa, asunto por el que fue absuelto el ex alcalde Julián Muñoz, ahora se anula la licencia al ser zona verde en el plan de 1986, y cuando se impugnó, la Junta pidió la suspensión cautelar, no aceptada igual que en el resto de casos.
Desde el PP se califica la medida de "atropello" para los afectados
El PP ha manifestado que se trata de un "atropello" a los afectados y genera "enorme inquietud y alarma". Según indicó en un comunicado la presidenta del PP marbellí, Angeles Muñoz, la decisión ha sido tomada de manera "unilateral, sin consenso y sin criterio pese a las graves consecuencias que implica", por lo que exigió explicaciones sobre los motivos que han llevado a la Junta a demandar la demolición de estas promociones y no otras.