L D (EFE) El Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) está estudiando si el Código Penal es "suficiente" ante las agresiones a profesores o si se debe hacer "alguna modificación legal", según el secretario general de Educación, Alejandro Tiana. Se refería así a la novedad que supone que algunas fiscalías han tenido en cuenta que la agresión a profesores "puede ser tipificada dentro del código existente en la actualidad".
"Creo que tenemos que analizar si efectivamente eso ya está incluido en el Código Penal y simplemente no se estaba aplicando; si es una interpretación que es adecuada a la ley o no; o si es que hay que hacer alguna otra modificación legal", precisó. El secretario de Educación subrayó que el Ministerio "no puede entrar en el ámbito de acción de la Justicia, sino que son los fiscales y los jueces los que deben interpretar la ley".
Mientras, el PP exigió al Gobierno una Ley Integral para la promoción de la convivencia y la prevención del acoso escolar y ha anunciado que ha encargado a expertos que estudie la viabilidad de tipificar este fenómeno como delito en el Código Penal. El PP y las comunidades que gobierna presentaron este miércoles un plan de prevención de conflictos con propuestas como que el docente pueda tomar medidas inmediatas en caso de problemas y que los procedimientos sancionadores se agilicen.
La secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, anunció que "en un breve plazo" todas estas Comunidades tendrán "una normativa" con rango de decreto que recoja todos "los derechos y deberes de alumno, profesores y padres". Como premisas fundamentales, Pastor destacó que los profesores tengan capacidad de tomar medidas en caso de acoso; que los procedimientos sancionadores sean mucho más rápidos, y que los derechos de los agresores nunca estén por encima de los de las víctimas. El PP propone que "los padres tengan derecho a ausentarse del trabajo a requerimiento del centro educativo para atender las necesidades educativas de sus hijos".
En el curso 2007-2008, estas Comunidades Autónomas tendrán en todos sus centros educativos "planes individualizados de convivencia", algo que ya funciona "al cien por cien" en algunas. Pastor también propuso un seguro de derecho de atención jurídica a profesores, un programa de formación de padres extendido de forma general en el país, y equipos especializados de intervención rápida.
El PSOE considera "más que suficientes" las medidas recogidas en la LOE
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, ordenó este martes a los fiscales que endurezcan la protección penal de maestros y médicos tipificando como atentado, con penas de hasta cuatro años cárcel, las agresiones que recibieren. Los sindicatos de enseñanza de Cataluña valoran la iniciativa, pero la consideran insuficiente por sí sola y por tanto "casi simbólica". FET-UGT matizó que "esto no significa que todas las situaciones de falta de convivencia tengan que judicializarse".
El Código Penal, que recoge el delito de atentado, castiga con penas de prisión de 1 a 3 años "a los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza con ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas". La pena es de 2 a 4 años de prisión si se considera que el atentado es contra la autoridad.
El PSOE, por el contrario, cree que las medidas de la Ley Orgánica de Educación (LOE), en vigor desde mayo pasado, y otras iniciativas en marcha institucionales como el plan estatal de convivencia y jurídicas como las iniciativas fiscales son "de momento" "más que suficientes", según el portavoz socialista de Educación del Congreso, Raimundo Benzal. La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, afirmó que "se preocupa y se ocupa" de mejorar la convivencia escolar, erradicar cualquier síntoma de violencia y aplicar la "tolerancia cero" a este tipo de actos.