L D (EFE) El pleno, al que asistió el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, votó el proyecto de ley con 185 votos a favor –contó con el apoyo de PSOE, CiU, ERC, PNV y BNG y CHA por parte del Grupo Mixto–, 136 en contra –postura que apoyaron el PP e ICV– y 2 abstenciones, de EA y Nafarroa Bai del Grupo Mixto.
Con esta decisión se vuelve al texto original que el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados y se cambia lo aprobado en la Cámara Baja, donde se incluyó a los jóvenes de 18 a 21 en el ámbito de esta ley, extremo que el pasado mes de octubre tampoco aprobó el Senado. Al final de la intervención de todos los grupos parlamentarios, el ministro de Justicia manifestó que esta reforma pretende "exaltar el interés supremo del menor como principio inspirador de la legislación" a fin de que "en ningún caso reciba un trato peor que el de un adulto".
En declaraciones a los periodistas, López Aguilar señaló que esta nueva ley, que aproximadamente entrará en vigor en febrero, dibuja una "clara línea divisoria" entre la mayoría de edad y la minoría, lo que, según dijo, es "positivo" para la justicia de menores porque permitirá especializarse y que no se sobrecargue. También señaló que otro de los objetivos es "hacer frente" a los nuevos fenómenos de delincuencia juvenil que están surgiendo y que, según dijo, "exigen nuevas respuestas" y destacó que la ley apuesta por "la reeducación y la resocialización" de los menores.
El pleno aprobó –con el apoyo de PSOE, PP y ERC– la enmienda que permite excluir a los jóvenes de esa franja de edad del ámbito de aplicación del menor, aunque el portavoz de ERC, Agustí Cerdá, remitió a una futura reforma de la Ley General Penitenciaria o un tratamiento diferenciado para estas edades. Con esta normativa se modifica la ley actual que permite aplicar el régimen de menores a los jóvenes de entre 18 y 21 años, aunque este supuesto estaba suspendido hasta el 1 de enero de 2007.
La diputada popular Carmen Matador consideró que un chico de 18 o 19 años "no es un niño, sino un adulto", y como tal, dijo, pueden hacer cosas que a los menores no se les permiten, como ejercer su derecho al voto, precisó. No obstante, el PP votó en contra de la ley al entender que no da respuesta efectiva a la función sancionadora que debe tener esta ley, pues, según explicó Matador, este aspecto "falla" en la ley que ahora se reforma, y es ahí por "donde debemos atajar el problema", añadió.
María del Carme García, por ICV, consideró que la reforma es excesivamente punitiva, cuestionó el endurecimiento de penas que prevé para los delitos más graves y opinó que el objetivo de "reeducar y reintegrar" a los jóvenes con medidas resocializadoras no se va a conseguir con el nuevo texto. La diputada del PSOE Rosa Polonio destacó que se trata de "conseguir reforzar los derechos de los ciudadanos, fortalecer el sistema judicial y aumentar la seguridad".
El proyecto establece un tratamiento más firme de la delincuencia juvenil e introduce medidas para combatir fenómenos como el acoso escolar o las bandas organizadas; en este último prevé penas de hasta 6 años de internamiento para jóvenes que cometan delitos graves dentro de bandas organizadas. Además de medidas de alejamiento de los agresores respecto de sus víctimas, el texto dispone que los jueces podrán dictar órdenes de alejamiento del propio centro escolar.
Un punto del texto en el que todos los portavoces parlamentarios coincidieron es en el necesario aumento de la financiación para desarrollar estas medidas, ya que consideran que se precisan "mayores medios" para aplicar la nueva ley.
También se potencia la protección de la víctima, medida ésta que entrará en vigor al día siguiente de la publicación de la nueva ley en el Boletín Oficial del Estado –lo que previsiblemente se hará en diciembre–, a pesar de que hasta febrero no empiece a funcionar el nuevo texto legislativo. Margarita Uría, del PNV, aseguró que "no es que nos guste el texto que sale, pero algo ha mejorado" y recordó que su grupo no cesará en reclamar que desaparezca el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, lo que también pidió ERC