L D (Agencias) La investigación realizada por la Brigada de Delitos Monetarios, adscrita al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ha sido el asunto central de las declaraciones efectuadas este jueves por dos superiores de esta unidad en relación con el caso Ciempozuelos.
El titular del Juzgado número dos de Valdemoro, Agustín Carretero, ha tomado declaracióm, como imputados, a Mario Jiménez Ramos, jefe de la Brigada de Delitos Monetarios cuando llegó el fax de la policía andorrana en el que se alertaba sobre unos ingresos sospechosos de los ex alcaldes de Ciempozuelos Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro en una cuenta bancaria de aquel país, y al actual comisario jefe del Sepblac, Miguel García Izquierdo.
El abogado de la acusación popular que ejerce el PSOE, Enrique Gómez, señaló que, en su declaración, Ramos explicó que hizo cargo al inspector Vicente García Novoa de toda la documentación que había recibido cuando él fue trasladado como jefe de la brigada, "apenas un par de días después de recibir la información de Andorra. "Además –añadió el letrado–, Jiménez Ramos ha venido a decir que no se explica muy bien por qué durante cuatro meses, desde mayo hasta septiembre, esa documentación ha permanecido en un cajón".
Por su parte, Juan Ramón Montero, abogado del Partido Popular, que también ejerce de acusación popular en este caso, destacó que "alguien más, y no sólo García Novoa y Jiménez Ramos, tenía que conocer aquella documentación procedente de Andorra sobre la actuación sospechosa de los ex alcaldes". Recordó que esta causa "se debe a los 6.000 millones de las antiguas pesetas que se debían abonar en comisiones a los ex alcaldes de Ciempozuelos, de los que 150 millones ya están depositados en Andorra".
En cuanto a la declaración del comisario jefe del Sepblac, Miguel García Izquierdo, Enrique Gómez consideró que su actuación "fue correcta ya que en cuanto le informaron de la documentación procedente de Andorra, lo puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción". El abogado del PP destacó, por su parte, que García Izquierdo había asegurado que "a García Novoa no se le dieron instrucciones para investigar y tampoco ha estado muy claro en todo este tiempo quién era su jefe".
Manos Limpias cree que el dinero puede estar en poder del PSOE
El juez no ha impuesto ninguna medida cautelar a los dos cargos policiales que declararon, pese a la petición de prisión incondicional solicitada por el sindicato Manos Limpias. Pero el juez Carretero ha decidido no secundar la petición del fiscal en la que pedía que la parte de la causa que atañe a los policías sea traslada a otro juzgado.
Tras las declaraciones de los manos policiales, el secretario general de Manos Limpias Miguel Bernard dijo: "quedan 38 millones de euros de la comisión que presuntamente han podido llegar a un partido político, y es obvio que ese partido es el PSOE ya que todos los implicados son socialistas". Bernard ha solicitado al Tribunal de Cuentas que realice una auditoría al Ayuntamiento sobre los cuatro últimos años, así como una nueva comparecencia a la alcaldesa de Ciempozuelos, Susana León, por "presunto delito falso en su testimonio al decir que no tenía relación con Ruth Porta y Rafael Simancas".