L D (Agencias) La juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha acordado reabrir el caso para investigar el informe elaborado por tres peritos que relacionaba a ETA con el 11-M, al conceder a las partes personadas un plazo de siete días para solicitar la práctica de nuevas diligencias. Esta decisión se produce después de que la juez haya estimado el recurso interpuesto por las mandos policiales de la Policía Científica contra su decisión de imputarles delitos de falsedad, encubrimiento y falso testimonio por haber supuestamente alterado dicho informe.
La magistrada estima uno de los motivos del recurso al reconocer "un simple defecto formal" en el auto que transformó en procedimiento abreviado --que se dicta cuando concluye la investigación y como paso previo a la apertura de juicio-- las diligencias para investigar la supuesta alteración del informe elaborado por los subordinados del comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, su 'número dos', Pedro Mélida, el jefe de Análisis de la Policía Científica, José Andradas, y el jefe de sección de Unidad de Análisis, Francisco Ramírez.
Por ello, la juez acuerda en su auto conceder el citado plazo a las partes, argumentando su decisión "a efectos de salvaguardar los principios de conservación de los actos judiciales y el de la economía procesal en evitación de que un simple defecto formal que pudiera en su caso provocar la nulidad de parte de las actuaciones". La defensa de los policías planteó en su recurso la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y efectiva indefensión, al considerar que la juez no respetó en su auto de transformación el plazo de diez días que establece el artículo 302 de la Ley de Enjuicimiento Criminal (LEC) entre que se levanta el secreto del sumario y la conclusión de las diligencias.
Respecto a esta cuestión, la magistrada señala que el 26 de octubre levantó el secreto que pesaba sobre las diligencias, por lo que afirma que "no existe duda" de que, desde esa fecha, hasta el auto de transformación en procedimiento abreviado, dictado el 10 de noviembre, transcurrieron "con exceso" los días que establece la LEC. Igualmente, indica que todas las partes tuvieron conocimiento de este periodo y que el Juzgado continuó la práctica de diligencias, sin que ninguna de las partes interesase cualquier otra. Agrega que su auto fue fruto del resultado de las actuaciones practicadas durante su instrucción.
No obstante, precisa que el auto del 26 de octubre mantuvo en secreto exclusivamente el contenido de la pieza separada que investigó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien exculpó a los mandos policiales al no tener indicios de su implicación en la supuesta manipulación del informe. Sobre este punto, apunta que se alzó finalmente el secreto de la pieza separada "en fecha posterior al 7 de noviembre", por lo que "en efecto, el secreto se mantuvo más allá de lo dispuesto en el artículo 302 de la LEC". Por ello, insiste en que no procede la nulidad, puesto que este secreto se refiere sólo a las diligencias de Garzón sobre la imputación de un delito de tenencia de sustancias explosivas sobre uno de los procesados en el 11-M.
De esta manera, la juez Gallego señala que la supuesta nulidad invocada por la defensa, a la que se sumó la Fiscalía y la Abogacía del Estado, "podría afectar al resto de lo actuado por este Juzgado en la investigación".
La magistrada afirmó en el auto recurrido que el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo solicitó el día 14 de marzo de 2005 que se realizase un informe pericial sobre el ácido bórico hallado en el domicilio del procesado por los atentados del 11-M Hassan el Haski. Los peritos de Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique elaboraron el informe, en el que afirmaban que el ácido bórico había sido también encontrado en un piso franco de ETA en 2001 y se vinculaba este hecho con los atentados del 11-M.
Según el auto, los imputados consideraron "inconveniente" que se incluyesen estas referencias, por lo que Ramírez solicitó a los peritos que las suprimiesen. Como éstos se negaron, Ramírez "modificó" el informe "con conocimiento y anuencia de los otros imputados". En concreto, la juez sostuvo que Ramírez eliminó las "observaciones" del informe con referencias a ETA, suprimió que los tres peritos "se hicieron cargo" de las muestras de ácido bórico, atribuyéndose él mismo la recepción de esta sustancia y la práctica de los análisis, y alteró el objeto de la petición solicitado por otro de "Análisis de muestras".
Una vez firmado, Andradas remitió el informe a la Comisaría General de Información, que a su vez lo envió al juzgado de Juan del Olmo, encargado de investigar los atentados del 11-M. La juez considera que estos hechos "se deducen" del estudio de los informes y de las declaraciones de los peritos y de sus superiores jerárquicos.