(Libertad Digital) Una de las principales novedades de la normativa, que aún debe pasar varios trámites para su aprobación, es que el 25 por ciento del suelo urbanizable habrá de dedicarse a viviendas de protección oficial. También se amplía entre el 5 y el 15 por ciento la horquilla de cesión de aprovechamiento obligatoria que deben realizar los promotores a los ayuntamientos cuando promueven un proyecto.
Al mismo tiempo que la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, anunciaba este anteproyecto, declaraba que sería "sumamente respetuosa" con las competencias autonómicas. Pero, según revela este viernes el diario El Mundo, algunas Comunidades Autónomas están estudiando llevar a la Ley del Suelo ante el Tribunal Constitucional, precisamente porque entienden que la decisión sobre la reserva de suelo a vivienda protegida es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
Al mismo tiempo que la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, anunciaba este anteproyecto, declaraba que sería "sumamente respetuosa" con las competencias autonómicas. Pero, según revela este viernes el diario El Mundo, algunas Comunidades Autónomas están estudiando llevar a la Ley del Suelo ante el Tribunal Constitucional, precisamente porque entienden que la decisión sobre la reserva de suelo a vivienda protegida es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
Tras la aprobación del anteproyecto por el Consejo de Ministros, el texto se someterá a un proceso de consulta con las administraciones públicas y los agentes del sector antes de su aprobación definitiva. De hecho, Trujillo aseguró que se reunirá la próxima semana con las comunidades autónomas, ayuntamientos y promotoras para consultarles sobre el contenido del anteproyecto, con el fin de lograr el mayor consenso posible.
No cuenta con el visto bueno de todo el Gobierno
Fuentes consultadas por El Mundo apuntan a que el proyecto de Trujillo se habría retrasado porque el Ministerio de Economía estaba en desacuerdo con un punto de la ley. Y es que la norma pretende que los suelos mantengan el valor que tenían inicialmente, ante una expropiación forzosa, hasta que no se haya iniciado la urbanización. De este modo, si alguien adquiere un suelo rústico en el que no se ha iniciado ninguna transformación a un precio alto, en previsión de que en el futuro el suelo se transformará en viviendas más adelante, en el caso de que se realice una expropiación forzosa el pago que recibirá no será el de mercado sino el que corresponda a un suelo rústico sin transformación.
Este asunto podría tener consecuencias de largo alcance, ya que en el caso de que se declarara que la vivienda protegida es de interés general, y puesto que el interés general es justificación suficiente para realizar expropiaciones forzosas, este punto permitiría hacerlas, además, a un precio muy inferior al de mercado. No obstante, la ley no prevé por el momento la calificación de la vivienda protegida como "
El Ministro de Economía, Pedro Solbes, ya había mostrado su "sorpresa" respecto de otro punto de la ley, la reserva forzosa del 25 por ciento de suelo para vivienda protegida. El jefe de la Oficina Económica de Presidencia, Miguel Sebastián, criticó lo que podría ser una confusión entre suelo y vivienda.
"Proteger a los ciudadanos de la especulación"
Por otra parte, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, tuvo que salir al paso de una información de la prensa, que apuntaba a que el Ministerio planeaba la posibilidad de expropiar viviendas vacías. Trujillo lo desmintió, pero acto seguido declaró que "según los datos de Estadística, hay más de tres millones de viviendas vacías en España", y que "una economía como la española no puede permitirse el lujo de mantener este volumen de activos ociosos". De este modo se sugería algún tipo de penalización por tener vacía una vivienda, algo que expresó la propia ministra, diciendo que "lo que se va a hacer es incentivar a los propietarios para que pongan sus viviendas disponibles en régimen de alquiler".