(Libertad Digital) La Fiscalía de la Audiencia Nacional que controla Javier Zaragoza, mano derecha de Pumpido, ha pedido al juez Del Olmo que remita la investigación sobre el caso de tráfico de explosivos y revelación de secretos porque no tiene competencia para investigar ni uno ni otro. En el primer caso no se han hallado indicios de delito de terrorismo; en el segundo, el auto de prisión evidencia que Del Olmo encarceló a dos policías por reunirse con un periodista de El Mundo aunque no se sabe de qué hablaron.
La petición para que Del Olmo se inhiba la ha presentado el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, que recuerda al magistrado que, de acuerdo con la ley, puede seguir con las diligencias que considere urgentes hasta que otro juzgado asuma la competencia. Su solicitud no es vinculante. De hecho, este martes el juez tiene previsto seguir practicando nuevas diligencias y tomando declaraciones.
Uno de los agentes encarcelados por revelación de secretos también pidió la semana pasada la inhibición de Del Olmo. En un recurso en la Audiencia el inspector Parrilla sostiene que hay una "incompetencia manifiesta" de Del Olmo.
Todos los pasos que se están dando recuerdan al caso del informe sobre el 11-M y ETA. En esa ocasión Garzón se vio obligado a inhibirse porque no era competente. Antes de dejar la causa le dio tiempo a imputar a los tres peritos que denunciaron la falsificación del informe y a exonerar a sus mandos. Ahora, con Garzón fuera del caso, los peritos han pasado a ser testigos y sus superiores están imputados por un delito de falsificación. En los dos casos los magistrados han acusado tanto a los peritos del ácido bórico como a los agentes que denunciaron la trama de tráfico de explosivos de ofrecer información a El Mundo.
Sobre la trama de explosivos y la revelación de secretos sostiene este diario que fuentes del Ministerio Público explicaron que "la investigación abierta hace cuatro meses estuvo orientada hacia el tráfico de explosivos con finalidad terrorista, materia que sí es competencia de la Audiencia Nacional. Posteriormente se ordenó la intervención de varios teléfonos para proseguir con unas pesquisas en las que aún no se había descartado el componente terrorista. Las diligencias estaban declaradas secretas, lo que, a juicio de la Fiscalía, también aconsejaba que el mismo juez prosiguiera con ellas". A raíz de que el diario que dirige pedro J. Ramírez destapara el escándalo, el juez ordenó las siete detenciones e interrogó a todos los arrestados. "Según la Fiscalía, sólo concluida esa fase se ha podido solicitar al juez Del Olmo su inhibición".