Sin un ápice de autocrítica, Conde Pumpido enumeró los logros de su gestión "sin ceder ni a la presión ni al halago". Según el fiscal de enero a noviembre de 1999 -coincidiendo con la tregua de ETA- se dictaron 55 sentencias condenatorias y hubo 100 condenados, mientras que este año ha habido 55 sentencias condenatorias y 100 condenados. Además, señaló que de enero a noviembre de 1999 se presentaron 37 escritos de calificación contra 118 presuntos miembros de ETA y que en lo que va de 2006 han sido 99 el número de calificaciones contra 224 acusados.
Frente a las críticas, opinó que forma parte del juego político de la oposición "intentar desgastar al Gobierno con las actuaciones al fiscal" y señaló que ha dado instrucciones a los fiscales para que "procuren evitar conflictos políticos".
Desde el PP, el diputado Juan Santaella opinó que Conde-Pumpido es "el fiscal general más desautorizado de la Democracia" por todos los órganos judiciales "a los que ha intentado presionar en la interpretación legal de un precepto legal" y le acusó de haber "llevado al ministerio fiscal al momento histórico de su máxima degradación institucional". Consideró "intolerables" las actuaciones de la Fiscalía en casos como el del etarra "De Juana" en el que -dijo- "tiene el honor de haber creado una categoría nueva, la modificación provisional de las conclusiones provisionales" por ordenar "antes del juicio la rebaja de la pena de un terrorista en huelga de hambre que la abandonó por promesas del fiscal general".
Según informaron fuentes jurídicas, la fiscal hizo esta solicitud al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu después de que éste le preguntara hace unas semanas si tenía intención de formular acusación contra Otegi en relación con estos hechos que instruye en su juzgado desde hace casi un año.
Al no haberse transformado estas diligencias previas en sumario no es necesario dictar procesamiento y corresponde al fiscal decidir si existen indicios suficientes para formular acusación o si, por el contrario, la falta de pruebas le obliga a instar el sobreseimiento.
El 30 de diciembre del pasado año, Andreu admitió a trámite una querella del Foro de Ermua contra el portavoz de Batasuna-ETA por su presunta participación en el homenaje a este preso etarra. La querella también iba dirigida contra la ex parlamentaria de Batasuna-ETA Jone Goirizelaia, el ex miembro de la Mesa Nacional de esta formación Eusebio Lasa y la ex presa de ETA Itziar Galardi.
Tras admitir la querella y abrir diligencias previas, Andreu tomó declaración en febrero como imputados a Otegi y a Goiricelaia, quienes aseguraron al juez que no se trató de un homenaje, sino de un acto para pedir la libertad de un preso que lleva encarcelado 25 años, y la ex parlamentaria negó además haberlo convocado.
También prestaron declaración como imputados Lasa y Galardi, y ambos coincidieron con los otros dos imputados en señalar que no se trató de un homenaje y que sólo pedían la libertad de este preso. Ese fue el mismo argumento que esgrimió Otegi en su defensa en el juicio que se celebró el pasado 10 de abril por su participación en un homenaje al dirigente etarra José Miguel Beñarán, "Argala", hechos por los que finalmente fue condenado a 15 meses de cárcel.