(Libertad Digital) La inhibición del magistrado de la Audiencia Nacional llega después de que uno de los entonces acusados por revelar secretos, el inspector Parrilla, remitiera un escrito a la Audiencia para pedir esa inhibición. El policía que fue a prisión por hablar con un periodista de El Mundo explicaba que los casos de revelación de secretos no son competencia de este tribunal sino de los ordinarios. Mismo argumento que presentó el otro acusado de desvelar la trama policial del tráfico de explosivos, el también policia Celestino Rivera. Coincidían con lo sostenido por el Sindicato Unificado de Policía y la Confederación Española de Policía.
No han sido la únicas peticiones en este sentido. Hace dos semanas fue la propia Fiscalía de la Audiencia, a través de Miguel Ángel Carballo, la que se dirigió a Juan del Olmo para pedirle que dejara el caso porque "no es competente". Entendía el representante del Ministerio Público que ni la revelación de secretos es competencia de la Audiencia Nacional ni se han hallado indicios de un delito de terrorismo imputable a los otros encarcelados por su relación con la trama policial de tráfico de explosivos.
- Por providencia de 7 de diciembre de 2006 [el día 6 los policías ya estaban en la prisión de Madrid II] se acordó: Visto el estado del presente procedimiento, y habiéndose practicado las diligencias de declaración de detenidos e imputados en los días 4 y 5 de diciembre de 2006, dese traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la inhibición a los Juzgados competentes por razón de la materia y del territorio, al no apreciarse que, después de las diligencias de investigación practicadas y la secuencia de las actuaciones derivadas a raíz del 30 de noviembre de 2006, se considere a los Juzgados Centrales de Instrucción competentes por razón de la materia.
El magistrado acuerda ahora remitir "por correo urgente" la resolución hecha pública hoy y los cuatro autos del viernes pasado para preservar el carácter secreto de las actuaciones y solicita a los Juzgados de Leganés que comunique su decisión sobre la cuestión de competencia planteada "por la vía más rápida posible".
También ordena enviar el testimonio del atestado policial que se presentó ante su Juzgado el 4 de diciembre "con las prevenciones pertinentes" para asegurar el secreto de la causa y señala que si el juzgado que deba resolver sobre la aceptación o no de competencia considera "indispensable" la totalidad de las actuaciones, se procedería a ampliar las actuaciones remitidas. No obstante, Del Olmo seguirá realizando las diligencias "necesarias e indispensables" para la instrucción de la causa hasta que hasta que "se dirima definitivamente la cuestión de competencia", según reza en el auto.
Del Olmo, tras los pasos de Garzón
Ahora el caso será remitido previsiblemente a los juzgados de Leganés a la espera de que el juez decano determine qué magistrado se encarga de la instrucción.
Se ha vuelto a repetir la misma historia que ya protagonizó Garzón hace un par de meses con el caso del ácido bórico. El magistrado se atribuyó el caso, imputó a los tres peritos que habían denunciado la manipulación del informe sobre el 11-M y ETA y exoneró a la cúpula de la Policía Científica. Tras varios requerimientos de la Audiencia, Garzón finalmente se inhibió del caso.
Cuando llegó a los juzgados de Plaza de Castilla, la juez Gallego decidió anular la imputación de los peritos, a los que dio la condición de testigos, e imputó a sus superiores. Ahora Miguel Ángel Santano, jefe de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez se enfrentan a un juicio por falsificación de documento oficial.